¿Se aproxima una ola de honestidad y decencia en Argentina?

Protestas

La mitad de los argentinos admite que participaría de un acto de corrupción si el beneficio económico fuera alto, según una encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano.

Además, el 55 por ciento votaría a “un político que mejore la economía o solucione los problemas del país y al mismo tiempo sea corrupto”, y parece resignarse a aceptar la corrupción como un fenómeno irremediablemente extendido en la sociedad y en la administración pública.

Prácticas corruptas o incompatibles con los deberes de funcionario, como el enriquecimiento patrimonial durante el ejercicio de un cargo, el nepotismo, el tráfico de influencias, las dádivas y los homenajes en vida, se suceden a la vista de todos sin suscitar demasiadas reacciones.

“La corrupción en Argentina está naturalizada. Es una sociedad desintegrada, desorganizada, que no puede garantizar el pasar mínimo digno de sus habitantes, que atravesó represión, desaparición, inflación, deflación, el deterioro de la escuela pública y de los hospitales. Lo único que no puede regir en una sociedad de sobrevivientes es la ley, y rige solamente la sobrevida”, afirma Jorge Giacobbe, analista político y presidente de la consultora Giacobbe & Asociados Opinión Pública, en diálogo con Infobae.

Por citar algunos ejemplos de hechos ocurridos en los últimos diez años, se puede mencionar el notorio incremento patrimonial de muchos funcionarios de este gobierno, empezando por Néstor y Cristina Kirchner.

Se podría seguir con Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte que aceptaba viajes de regalo de las mismas empresas que debía controlar. O con el legislador porteño Juan Carlos Dante Gullo, que defendió con toda naturalidad que los gobiernos beneficien a empresarios amigos.

De la misma forma que había ocurrido durante los gobiernos de Carlos Menem, ninguna de estas prácticas impidieron al kirchnerismo obtener contundentes triunfos electorales que legitimaron su gestión. Pero algo puede estar cambiando.

“La corrupción todavía no es tema en Argentina, y es una de las patologías que la sociedad todavía no decidió cambiar, como sí hizo con la muerte como resolución de los conflictos políticos, algo que hoy es impensable, pero que era natural hace 30 años. Esto todavía no ocurrió con la corrupción, aunque tal vez estemos en los prolegómenos, porque yo nunca vi una marcha como la última, con un millón de personas llamando ladrones a los gobernantes. Algo está pasando”, afirma Giacobbe.

Lejos de ser hechos aislados, las movilizaciones del 8N y el 18A, donde el rechazo a la corrupción y al autoritarismo estuvo entre las principales consignas, parecen formar parte de un cambio de clima político que ya se manifiesta en las encuestas.

Según la consultora Giacobbe & Asociados, la corrupción pasó en los últimos meses de estar por debajo de las diez principales preocupaciones de los argentinos, a ser la tercera, sólo detrás de la inseguridad y de la inflación.

“No hay ninguna duda de que la principal causa es el fenómeno Lanata, que lo ve el 25 por ciento del país, pero lo comenta el 100 por ciento”, sostiene Giacobbe.

A las explosivas denuncias que se difundieron desde la salida al aire de la segunda temporada de Periodismo Para Todos, hay que agregar la elección de Jorge Bergoglio como papa. Su aura de hombre humilde y sus ataques a los corruptos y a quienes siempre priorizan sus propios intereses tuvieron mucho impacto sobre gran parte de la ciudadanía, incluso entre los no católicos.

“No tengo dudas de que Bergoglio se constituyó en una contrafigura absoluta -dice Giacobbe-. Primero porque redujo a Cristina Kirchner a un liderazgo de cabotaje, y segundo porque es una contrafigura muy radical en cuanto a los modos: uno está hablando de sensibilidad, de acuerdo, de armonía y de no cinismo e hipocresía, mientras que del otro lado se está evitando dar una explicación sobre lo que pasó con millones de dólares”.

“La corrupción es siempre el tema del ocaso de un gobierno. Cuando aparece, se terminó. Pero habría que preguntarse si ésta no es la punta del ovillo de una discusión que Argentina todavía tiene pendiente. Este podría ser el momento”, agrega.

El costo político

A diferencia de lo que suele ocurrir, parece que en esta oportunidad las sospechas de corrupción tendrán un costo para el oficialismo, aunque habrá que esperar hasta las elecciones primarias de agosto para comprobarlo.

“Hoy el gobierno tiene 28 puntos electorales a nivel nacional. Está en la zona roja, en problemas muy serios. Estamos ante un proceso de sacar, no de poner. Es parecido a lo que ocurrió con Menem cuando fue sucedido por Fernando de la Rúa, donde no importaba quién ganaba, sino quién perdía. El 55 por ciento del electorado quiere que el gobierno pierda, y esto se ve en provincias tan disímiles como Neuquén, Corrientes yla Ciudad de Buenos Aires”, explica Giacobbe.

“En todas las provincias, entre el 50 y el 55 por ciento de las personas cree que el ciclo kirchnerista está agotado. Por eso no es importante quién gana y la sociedad no está creando nuevos liderazgos. La decisión que está tomando es que el gobierno pierda esta elección, y la pierda mal”, agrega.

Sin control, hay vía libre para la corrupción

Para entender por qué parte importante de la opinión pública está dando crédito a las denuncias contra el gobierno, hay que analizar cuál fue la postura que adoptó ante las investigaciones que se realizaron en contra de algún funcionario.

Lo cierto es que, más allá de un primer momento en el que favoreció cierta transparencia, el kirchnerismo tuvo una política deliberada en contra de los organismos de control, que son los más capacitados para detectar y llevar a la justicia los casos de corrupción.

“Este gobierno no tiene asimilada en su ADN la idea del control y de los frenos y contrapesos al poder. Cualquier cosa que pueda implicar un límite es sistemáticamente desmantelada, minimizada, eliminada. Y los órganos de control eran la primera línea de ese tipo de límites al poder”, dice el diputado nacional Manuel Garrido.

Él mismo es el mejor ejemplo de lo que describe. Luego de ser director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA) entre 1999 y 2002, pasó a ser titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). De allí fue desplazado en 2009 por seguir causas de corrupción que afectaban a funcionarios del gobierno.

Hay dos organismos de control interno del Poder Ejecutivo. La OA, que depende del Ministerio de Justicia, y que actualmente está a cargo de Julio Vitobello, y la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Ambos están casi paralizados.

“Con esta gestión, la OAtiene muy bajo perfil, ha disminuido notablemente la intensidad de su actividad y no se conocen casos importantes de investigaciones contra algún funcionario -explica Garrido-. La Sigen es el órgano de auditoría interna del gobierno. Está a cargo de Daniel Reposo, que se ha autodefinido como un soldado de la presidente, y que cambió la misión de la Sigen, que pasó de ser un órgano de control, a uno de cooperación. Entre otras cosas, restringió la publicidad de los informes de auditoría”.

“Entre los órganos de control externos al gobierno está la FIA, que depende del Ministerio Público Fiscal -continúa-. Sus facultadas fueron recortadas por el ex procurador general Esteban Righi y actualmente está a cargo de Guillermo Noailles, un fiscal interino que es famoso porque nunca hizo ninguna denuncia y por su falta de vocación para investigar la corrupción”.

Así, el único organismo que se mantiene en pie es la Auditoría General de la Nación (AGN), que se sostiene por ser el único parcialmente controlado por la oposición, ya que su presidente es designado por la primera fuerza opositora en el Congreso. Está presidida por Leandro Despouy, que pertenece al radicalismo.

“Funciona, pero tiene problemas de diseño, porque el oficialismo posee mayoría en el colegio de auditores, lo cual, combinado con la primacía oficialista en la comisión revisora de cuentas, limita la labor que puede desarrollar. Además fueron conocidos los intentos del oficialismo por desplazar a Despouy”, afirma Garrido.

Otro ejemplo de la anulación de los controles es lo ocurrido con la Ley de Ética Pública. “Fue sancionada al final del Gobierno de Menem, pero nunca implementada íntegramente -dice Garrido-. De hecho, nunca se creó la Comisión Nacional de Ética Pública y este gobierno acaba de derogarla en el marco de la reforma judicial, pero sin reemplazarla por ningún otro organismo”.

Mientras no haya políticas públicas consistentes, que se plasmen en instituciones que no puedan ser fácilmente removidas por los gobiernos, va a ser muy difícil que la corrupción deje de ser un problema en Argentina.

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