Christine Lagarde

Antes de las elecciones de octubre habría una nueva medición de inflación lista para salir a la calle. Es que el Gobierno deberá tener listo el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN) que suplante a al cuestionado indicador de inflación oficial en septiembre para presentárselo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitar una sanción del organismo multilateral, indicó una encumbrada fuente oficial.

El nuevo IPCN debe estar listo antes del 29 de septiembre, día en que los técnicos del FMI elevarán un informe al Directorio que comanda la francesa Christine Lagarde. El Board se reunirá en noviembre para analizar el caso argentino y evaluar posibles sanciones.

En los últimos meses, y luego de los duros cuestionamientos del Fondo por la demora de la Argentina de implementar mejoras en sus estadísticas, se aceleraron las gestiones y los intercambios entre técnicos del Gobierno y emisarios del organismo, que funciona como asesor en la confección de un índice de precios basado en grandes urbes de todo el país que suplante al IPC GBA. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se puso al frente de los trabajos.

El 1º de febrero, el FMI aplicó por primera vez en su historia una moción de censura a un país por la calidad de sus estadísticas. El comunicado del Directorio cuestionó a la Argentina por la dudosa credibilidad de su IPC y de la medición del PBI del Indec. “El Progreso de la Argentina en la implementación de las medidas correctivas desde el 17 de septiembre 2012 no ha sido suficiente”, indicó el Board ese día. Antes, había extendido el plazo para que el país mejore sus estadísticas tres veces, sin éxito. La moción de censura es el primer paso de un proceso de sanciones que puede incluir suspensión del derecho a voto y no habilitación de préstamos (que la Argentina no solicita, por otra parte).

Ese día, el FMI dio plazo hasta el 29 de septiembre para que la administración kirchnerista mejore las dos mediciones clave del Indec. Desde entonces “se aceleró el proceso” que terminará en el lanzamiento del IPC Nacional, afirmó una alta fuente la semana pasada en diálogo con la prensa.

“Muy contentos”

“Estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo y con el diálogo que tenemos con los técnicos del FMI”, celebró el informante. “Está bueno cómo se va elaborando el IPC Nacional y la interacción que tenemos con el Fondo”, se entusiasmó.

El FMI cuestiona explícitamente en sus informes económicos las mediciones de inflación y crecimiento de la Argentina desde 2009. El año pasado comenzó a utilizar indicadores alternativos de provincias y consultoras privadas para medir precios y actividad. Si bien la titular del Indec Ana María Edwin había dicho que el IPC Nacional iba a estar vigente para 2013, pospuso su lanzamiento para los primeros días de 2014. Sin embargo, la intención del Gobierno es presentarlo antes para cumplir con los plazos que puso el FMI para no endurecer sanciones contra el país.

Sobre las dudas que existen sobre la estimación de PBI del Indec, la fuente evaluó que “es consecuencia” del IPC. En otras palabras, al subestimar la inflación, la actividad crece más.

De todas maneras, el IPC Nacional coexistirá con el IPC GBA. Los bonos atados a la inflación vía Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) seguirán valiéndose del indicador actual, que el viernes arrojó un avance en los precios del 0,8% mensual para junio, contra el 1,93% que arrojó el promedio de mediciones privadas relevado por diputados opositores en el Congreso.
El nuevo IPC relevará unos 20.000 precios en 12.000 comercios de distintas ciudades de todo el país.

La relación con el FMI es tensa desde la crisis de 2002. En enero de 2006, el ex presidente Néstor Kirchner pagó de una vez casi u$s 10.000 millones de deuda con el organismo. Desde entonces, el país no permite la auditoría anual que el organismo prevé para sus países miembros en el artículo IV de su estatuto.

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