Conflicto municipal: el gobierno dice que “no hay que echar a nadie”

Entienden que el problema puede resolverse si no se cubren las vacantes que puedan llegar a producirse.

“Son momentos difíciles, durísimos. No sólo para quienes gobiernan sino también para la gente. No es necesario echar a nadie”, sentenció el subsecretario de Asuntos Municipales, Fidel Sáenz.

Sus palabras hacen referencia al conflicto suscitado en Valle Viejo el pasado miércoles, cuando el intendente chacarero tuvo que volver atrás en su decisión de dejar 400 empleados cesanteados por la presión de los afectados.

El funcionario valoró la decisión tomada por la gobernadora Lucía Corpacci cuando en el 2011 recibió del exgobernador Eduardo Brizuela del Moral el mandato con un presupuesto consumido aproximadamente en un 94% por la superpoblación de empleados públicos designados a último momento; “ es decir, después de resultar derrotados en las elecciones de marzo del mismo año”, dijo. 

Y en ese sentido detalló que fueron casi 8 mil nuevos agentes en un Estado que ni siquiera tenía infraestructura edilicia para incorporarlos, menos aún necesidades de servicios. “La intencionalidad quedó al descubierto: detonar el presupuesto provincial para impedir la posibilidad de un buen o aceptable gobierno”, denunció.

Sin embargo, dijo Sáenz, la mandataria no echó a nadie, sino que eligió ponerse del lado de la gente que “si bien un principio se notó amenazada con los despidos, poco tiempo después supo que a quien debían agradecer no era a Brizuela sino a Corpacci. Brizuela no los había tenido en cuenta a ellos, Corpacci sí”.
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Y en ese orden sostuvo que lo mismo sucede con los municipios. Recordó que la exintendenta Natalia Soria recibió un municipio atestado de empleados públicos designados mal intencionadamente por su antecesor y se los cargó al hombro sin demasiados reproches. “Sería un absurdo pensar que quien fuera el principal responsable de haber fundido el presupuesto del municipio de Valle Viejo pensara hoy seriamente en sanearlo expulsando de la administración a empleados designados por la exintendenta Soria”, expresó.

También dijo que algo parecido sucedió en Fiambalá, donde el exintendente y presidente de la UCR “Coco” Quintar le llenó el municipio con designaciones de toda clase: plantas permanentes, contratados y becados a la flamante intendenta Roxana Paulón. “Por supuesto lo hizo luego de que conoció la derrota”, denunció.

Sáenz también valoró la acción de la nueva jefa comunal, a quien calificó de “sabía y justa” porque decidió retrotraer la situación a la que tenían antes de las elecciones y para los becados elevarles el pago a $2000, “algo que fue ampliamente celebrado por ciudadanos que percibían $500 a cambio de 4 horas de trabajo en las peores condiciones imaginables”. 

También graficó la situación de La Puerta de San José, donde el intendente saliente dejó endeudado en 30 millones al municipio con proveedores poco claros, sin actuaciones administrativas que den cuenta de los servicios que prestaron o los bienes que vendieron.

“Frente a este panorama, que también debe ser analizado a la luz de un contexto nacional que no termina de mostrar cuál es el rumbo de la economía ni quiénes van a ser los más perjudicados en su implementación, el gobierno de la provincia se movió con cautela”, graficó y agregó que Lucía Corpacci se reunió con los intendentes para marcarles la cancha y les pidió administrar con responsabilidad y transparencia. 

Y en ese sentido, afirmó que lo de la gobernadora es claro y que ella ni nadie en el gobierno pretenden que se instrumenten decisiones de ajuste que mortifiquen a la población dado que aún no se conoce todavía a ciencia cierta cuál será el saldo social de la implementación del modelo económico del macrismo. “Hoy por hoy las consecuencias de los primeros días y decisiones, claramente las ha soportado la clase media y la de menores recursos”, puntualizó. 

El subsecretario de Asuntos Municipales aseguró que a pesar de las deplorables actitudes de quienes se fueron y dejaron un desastre las cuentas municipales a quienes asumieron, el problema está lejos de resolverse por vía de la expulsión de los agentes que sobran a la calle. 

“Con sólo dejar de cubrir las bajas por jubilación, retiro o fallecimiento de empleados, el problema se va diluyendo paulatinamente a través del tiempo, sin necesidad de tirar personas a la desgracia del desempleo”, concluyó.

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