Tiene síndrome de Down y no le permiten donar un riñón

Alfredo Gandur (63) es médico mendocino, alergista y especializado en histocompatibilidad de donantes de órganos, en una capacitación en Francia. En 2007 le diagnosticaron poliquistosis renal, una enfermedad genética sin cura y tuvo que dejar de trabajar a la espera de un transplante que le salve la vida. Cada día debe someterse a un tratamiento de dialisis y su salud está deteriorándose.

Su única opción, es que su hermano Jorge (60), quien tiene síndrome de Down, le done un riñón.

Jorge ha manifestado su consentimiento, pero los hermanos no logran el aval de la Justicia, que ha dilatado un año la decisión y objeta el transplante por una de las pericias, la psicológica, que según Alfredo se hizo en condiciones adversas para su hermano.

“Le preguntaron a Jorge si sabía lo que era un transplante, con un lenguaje técnico que mi hermano no podía comprender”, dijo Alfredo. Y aseguró que su hermano con síndrome de Down “viaja solo en colectivos, lee, escribe, vamos juntos a la cancha o sale con amigos”; por lo que se pregunta “por qué no puede donar un riñon”.

La contreversia está en lo jurídico. El nuevo Código Civil argentino adapta el país a normas internacionales, pero lo hace dejando zonas grises, como en las que se hallan Alfredo y Jorge, en el dilema de si se reconoce o no la capacidad de decisión del hermano con síndrome de Down.

La Ley de Trasplantes señala que podrán ser donantes personas capaces y mayores de edad, pero de acuerdo a la legislación anterior, Jorge fue declarado incapaz.

Juan Carlos González, defensor de las personas con discapacidad, explicó al diario Los Andes que hasta hace un tiempo se trabajaba con los conceptos de curatela e insanía. La persona con discapacidad era privada de su poder de decisión y voluntad, que se trasladaba a su tutor legal.

“Esto ya no existe para el nuevo Código”, dijo el funcionario. La nueva concepción va de la mano de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad (de 2006) ,que fue aprobada por Argentina en 2008 y tiene jerarquía constitucional desde 2014.

“La diferencia es que la persona con discapacidad puede ejercer sus derechos de manera jurídica y de hecho, es decir la misma persona, nadie va a decidir por ella”, dijo. Y explicó que para tomar decisiones puede requerir apoyos de diferente intensidad, pero que debe dársele la información que necesite en sus propios términos y tiempos de comprensión”.

Mientras tanto el médico que espera el transplante asegura que Jorge quiere ayudarlo. “Cada vez que estamos juntos, me pregunta cómo estoy de salud y expresa su deseo de la donación”, dice. Jorge vive en una residencia privada para mayores, que es costeada por su hermano Alfredo. La decisión está en manos del juez Osvaldo Cobo, del Cuarto Juzgado Civil, que espera la resolución de la Segunda Asesoría de Menores e Incapaces del Juzgado de Familia que debe avalar los estudios médicos que habiliten el transplante.

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