La distribuidora estatal de energía EC SAPEM le pidió a la Corte de Justicia que aclare cuál es el aumento que no se podrá seguir cobrando a los usuarios, después de haberle dado lugar al amparo presentado por los diputados del FCS que se oponían al “tarifazo provincial”.

El pedido de la empresa se sustenta en que, a su criterio, el fallo del máximo tribunal no especifica si el aumento que no se puede seguir cobrando es el que hizo la Provincia con el incremento en el VAD (Valor Agregado de Distribución) o el de Nación a través de la resolución del Ministerio de Energía (MEyM 06/2016). Según la EC SAPEM, la resolución SP 69/16 del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia, con la que se aprueba el tarifazo, contempla los dos incrementos.

El pedido se hizo a través de un recurso de aclaratoria que fue presentado por la Fiscalía de Estado ante el máximo tribunal. En la presentación se solicita aclarar varios “puntos oscuros y omitidos” en el fallo. En ese sentido, el pedido recuerda que, en la decisión de la Corte, se declara la nulidad de las resoluciones SP 69/16, y 06/16 del ENRE, por lo que la EC SAPEM debe abstenerse de aplicar los incrementos allí dispuestos.

Según la empresa, en ambos actos administrativos se aprueban los nuevos valores de los cuadros tarifarios, que incluyen tanto el precio estacional determinado por el ministerio de Energía de la Nación correspondiendo al período febrero-abril y el VAD, que serían los costos que la empresa debe afrontar para prestar el servicio.

“Al resolver la nulidad de los instrumentos, la empresa EC SAPEM no podría facturar a los usuarios no solo los costos de distribución sino tampoco el precio de la energía fijada por Nación, en consecuencia, la empresa solo podría facturar el precio estacional fijado en diciembre, que es inferior al precio que se paga a CAMESSA por la energía adquirida”, afirma la presentación.

Más adelante, señala que la resolución del Ministerio de Energía de la Nación “expresamente determina que ese precio estacional debe ser adecuado por las respectivas distribuidoras mediante sus cuadros tarifarios, lo que fue realizado por los instrumentos cuya nulidad resuelva la Corte de Justicia”. Y agrega: “Ello conlleva a la gravedad de no poder afrontar el pago del precio de energía, atento a que  la empresa de energía es distribuidora del servicio y no generadora de energía, por lo que debe comprar al CAMESSA y distribuirla a los usuarios”.

Por otra parte, la empresa solicita a la Corte que se le especifique “qué conceptos son los que se deberán reintegrar a los usuarios en las futuras facturaciones”.

Finalmente, pide que el tribunal aclare cómo afectará su decisión en la aplicación de la tarifa de interés social nacional. Es que, según la empresa, en las resoluciones atacadas está incierto el esquema de incentivo al ahorro.

En la presentación se advierte que hay un padrón de 35.314 usuarios que perciben una tarifa social para consumos menores o iguales a 150 KWH mensuales. Estas personas acceden al beneficio por cumplir con criterios establecidos en la resolución SP 69/2016 y 06//2016 del ENRE. “Por lo que retrotraerse al cuadro de diciembre de 2015, implicaría la imposibilidad de seguir otorgando el beneficio”, indica la EC SAPEM.

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