Seis imputados comenzarán a ser juzgados el martes en los tribunales de Retiro acusados de enviar casi tres toneladas y media de cocaína a España en cajones de fruta, uno de los mayores secuestros de droga de los últimos años.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 3, que dará inicio a las audiencias a las 10 en una sala del séptimo piso del edificio situado en Comodoro Py 2002 de ese barrio porteño.

El juicio, se estima, durará alrededor de seis meses, ya que ante los jueces Karina Perilli, Luis Imas y Gustavo Losada y el fiscal Eduardo Funes, desfilarán unos 300 testigos propuestos por las partes.

El imputado más conocido es el empresario exportador de manzanas Valentín Temes Coto, dueño de la firma Frutol S.R.L de Río Negro -y primo del supermercadista Alfredo Coto-, quien está acusado de ser el «nexo» de una organización ilícita que transportaba cocaína a Europa.

Temes Coto, quien tiene embargados sus bienes en 528 millones de pesos, solicitó en reiteradas oportunidades ser excarcelado en esta causa, pero los pedidos siempre fueron denegados porque cuando se ordenó su detención, se mantuvo diez meses prófugo hasta que decidió entregarse.

Un dato llamativo es que la jueza de instrucción porteña María Gabriela Lanz, quien según dijo el imputado en una entrevista es su pareja, se presentó como fiadora ante la Justicia para obtener su libertad, pero aún así le fue rechazada.

También serán juzgados Nelson Hinricksen, el encargado de Frutol en la ciudad rionegrina de Allen, donde la Justicia cree que pudo cargarse la droga, y el secretario y mano derecha de Temes Coto, Claudio Maidana.

A los tres, que llegan a juicio detenidos, se les imputa el delito de «contrabando agravado», por lo que podrían recibir penas de hasta 16 años de prisión.

La defensa de Temes Coto estará a cargo del ex juez porteño Mariano Berges, Hinricksen será asistido por el abogado Rodrigo González y Maidana por miembros del estudio de Mariano Cúneo Libarona.

En tanto, tres ex agentes de la Aduana, Osvaldo Centeno, Gustavo Alsogaray y Pablo Merse, llegan al debate en libertad, ya que se les imputa un delito culposo previsto en el artículo 868 inciso A del Código Aduanero que sólo es reprimido con multa.

Esta figura se aplica a «los funcionarios o empleados aduaneros que ejercitaren indebidamente las funciones de verificación, valoración, clasificación, inspección, siempre que en tales actos mediare negligencia».

Estos acusados solicitaron al TOPE 3 ser beneficiados con una «probation» (suspensión del juicio a prueba), lo cual sería resuelto en la primera audiencia, al igual que un pedido de recusación contra el tribunal y otras cuestiones preliminares.

Esta causa, que estuvo a cargo del juez Jorge Brugo, se inició cuando se descubrió el intento de contrabando de 1.647 kilos de cocaína en cajones de manzanas de la empresa Frutol que tenían como destino España.

La droga fue encontrada el 16 de junio de 2010 por personal de la Dirección General de Aduanas en la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires y, según la investigación, había salido disimulada en dos contenedores que fueron revisados en Villa Regina, Río Negro, doce días antes, el 4 de junio del mismo año.

Las tareas de inteligencia encomendadas por Brugo permitieron localizar otro embarque a España con 1.700 kilogramos de esa droga, de la misma empresa, que fue interceptado cuando hizo escala en el puerto brasileño de Santos.

Las fuentes explicaron que antes de estos operativos, ya se tramitaba una causa en los tribunales españoles ante la sospecha de envíos realizados desde la Argentina y que la idea es que ese expediente sea utilizado como prueba en este juicio.