El pedido se sustenta en la denuncia penal que realizara Fiscalía de Estado contra el exgobernador.

Luego de que la semana pasada el fiscal de Estado Marcos Denett denunciara penalmente al exgobernador Eduardo Brizuela del Moral y a sus colaboradores, por las faltas de rendiciones en las Cuentas de Inversión de los años 2008 y 2009, la Justicia ya está trabajando en el caso.
En ese sentido se conoció que la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública y Delitos de Investigaciones Especiales, a cargo de Marcelo Sago y Miguel Mauvecín, solicitaron al Tribunal de Cuentas (TC) que envíe toda la información referida a las rendiciones de cuentas de los años 2008 y 2009 durante la gestión del Frente Cívico y Social. En esa información, los fiscales también habrían pedido incluir informes en torno a los juicios de cuentas y demás procesos internos que hizo el TC para pedir alguna rendición de cuenta que se haya detectado.
La solicitud de la Unidad Fiscal fue realizada a finales de la semana pasada y desde el órgano de contralor señalaron que a mediados de la semana que viene responderán el pedido de los fiscales.
Según pudo conocer El Esquiú.com, los fiscales consideran esta información como fundamental para la continuidad del proceso judicial contra el exgobernador de la provincia.
En ese sentido y en el caso de que las cuentas en cuestión hayan sido saldadas, como afirman los referentes de la anterior gestión, la causa caería por sí sola. No obstante, si la falta de rendición de cuentas de los años en cuestión se mantiene, los magistrados comenzarían efectivamente con la investigación y comenzaría la ronda de declaraciones y demás pasos procesales.

El inicio de la causa

La denuncia contra el exgobernador Eduardo Brizuela del Moral y su gabinete se realizó hace más de dos semanas, cuando el fiscal Denett -con el patrocinio letrado de Tomás Hugo Aibar, José Leonardo Berber y Carlos Exequiel Olmos, todos abogados del cuerpo de Fiscalía-Oficina Anticorrupción- realizó la presentación contra el ex primer mandatario por la “supuesta comisión de delito de acción pública, entre los que se pueden tipificar los delitos de malversación de caudales públicos, peculado, fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y omisión de denuncia”.
Asimismo, la presentación se fundamenta en “las graves irregularidades detectadas, desmanejos de fondos, faltantes de bienes y dinero, de registración contable insuficiente, en franco incumplimiento de la normativa contable específica de la Provincia”.