En 2009, se lanzó el programa para ayudar a la población con dificultades a conseguir empleo. Sus críticos hablaron de clientelismo y precarización laboral. Pero, ¿cuáles fueron los resultados de la experiencia?
Hace tres años, el programa bautizado Ingreso Social con Trabajo (o Plan “Argentina Trabaja”) había llegado para ayudar a aquellos sumidos en la pobreza estructural, situación que ha funcionado como obstáculo a la hora de salir del circuito del trabajo informal. Con la Resolución 3182 del Ministerio de Desarrollo Social, se reconocía que las políticas de empleo no alcanzaban a todos y que debía intervenirse de manera focalizada sobre los grupos excluidos del mercado de trabajo.
Esas eran las intenciones declaradas del proyecto. Sin embargo, la necesidad real de los grupos vulnerables coincidía por entonces con la necesidad política del Gobierno. El plan se lanzó en una situación de debilidad del oficialismo, fruto del duro revés en las elecciones legislativas del 2009. En lo económico, la crisis internacional había llegado e impactaba seriamente en los niveles de ocupación. Era necesario hacer “algo”. Y rápido.
Así, se lanzó este sistema de “formación y capacitación de cooperativas”. Según reza la página web, su fin es “la ejecución de obras públicas locales que demandan mano de obra intensiva”, como trabajos en redes de saneamiento, infraestructura urbana y viviendas, entre otras tareas. Los beneficiarios cobran un ingreso de $1200 por cuatro horas de jornada laboral (la otra parte se dedica a la capacitación), y pueden percibir un plus por productividad de $300 y otro por presentismo, de $250. Solo pueden formar parte del programa aquellos desocupados cuyas familias no tengan otro tipo de ingresos ni “subsidios sociales”, exceptuando a la Asignación Universal por Hijo.
A tres años de su implementación, ¿qué balance cabe hacer?
Impacto y alcance
En la opinión de Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y director ejecutivo de Poder Ciudadano, el programa ha sido “positivo”. Destaca que se amplió la cobertura inicial de beneficiarios (pasó de 70.000 a 200.000) y que ha servido para “capacitar a las personas para que puedan entrar al mundo del trabajo”.
“Casi el 30% de los beneficiarios lograron formalizarse, o consiguieron otro trabajo. Es decir, o lo tomaron como un proceso de aprendizaje, o las cooperativas han desarrollado otras actividades, otras líneas de trabajo además del apoyo del Estado”, explicó Arroyo.
Fabián Repetto, director del programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), también saluda como Arroyo que el Estado atienda “problemas de carácter estructural en el mercado de trabajo”. Sin embargo, señaló una falencia importante. “El programa ha tenido una expansión que aún no ha llegado a todo el país. Seguramente, no alcanza a cubrir toda la población con problemas de ingreso”, indicó.
De intendentes, “barones” y punteros
Inmediatamente después de ser anunciado el Argentina Trabaja, agrupaciones piqueteras no kirchneristas denunciaron clientelismo en la adjudicación del beneficio. Con cortes de calles, tomas de municipalidades, y hasta acampes en la 9 de Julio, las organizaciones exigieron criterios de aplicación más transparentes y protestaron contra los «punteros» y “barones” del conurbano bonaerense. En un principio, hasta el dirigente oficialista Luis D’Elía se había sumado a las quejas por irregularidades.
“En muchos casos, el programa sirvió para potenciar el vínculo del gobierno con grupos piqueteros, pero hay claroscuros. Esto no es todo el programa”, comentó Repetto. “Municipios que tienen una política de generar transparencia en la asignación de recursos en su territorio pudieron darle un cauce mejor al programa”, sostuvo, y puso como ejemplos de buenas prácticas los distritos de Morón y Esteban Echeverría.
Pero habría también razones de orden “técnico”.“En la medida que un plan atiende a una población que supera un grado de cobertura que es menor al que requeriría el programa, seguro que aumentan los márgenes de discrecionalidad, más allá de la buena o mala voluntad de los actores”, señaló.
No obstante, la tendencia indica que, al calor de las denuncias, se han corregido algunos mecanismos de auditoría. “El Ministerio de Desarrollo Social ha ido mejorando su parte de control, de no pagarles a los que no cumplen presentismo. Hay mínimos controles que en otro momento no había”, enfatizó Repetto.
Desde Poder Ciudadano, por su parte, atribuyeron el acceso a la información como foco de irregularidades. “El hecho de que no haya un lugar especifico donde inscribirse a una cooperativa es un punto a mejorar. Debe saberse donde se puede anotar, y si entró o no entró, y porqué”, señaló Arroyo.
¿Precarización laboral encubierta?
Una de los flancos donde más ha sido atacado el “Argentina Trabaja” es la escasa remuneración percibida por los beneficiarios. Ubicada por debajo del salario mínimo, se encuentra en contradicción con lo establecido por ley.
A pesar de las claras desventajas en comparación con el empleo formal, los especialistas aseguraron que el Argentina Trabaja “no es totalmente precario”, ya que “da algún tipo de cobertura” en materia previsional y de salud.
Pero alertan contra la posibilidad de que esta política se extienda durante muchos años. “Los programas sociales son buenos cuando son de transición”, explicó Arroyo. “Si se sostienen en el tiempo –prosiguió-, corren el riesgo de generar trabajo informal y precario”.
Balances y perspectivas
De cara al futuro, se indicaron varios déficits que resolver. Para Arroyo “el modelo ideal es constituir cooperativas que trabajen más allá del acuerdo que logren con el Estado”, aflojando los lazos de dependencia con el sector público.
En Cippec, reconocieron que el plan ha sido una “buena noticia”, pero señalaron que tiene dificultades de raíz. “Hay un problema de diseño en el programa, ya que debe tener un uso más asociado al ciclo económico que en la práctica no lo tiene. Cuando hay mayores crisis económicas, Argentina Trabaja tendría que expandir su cobertura –incorporando gente que sale del empleo formal-; cuando hay mas bonanza, debería reducirse su intervención”, sostuvo Repetto.
Y agregó también que falta una “visión integrada, de conjunto” para abordar la problemática. “Si el Gobierno hubiese tenido la decisión previamente tomada de poner en marcha la Asignación Universal por Hijo en 2009, Argentina Trabaja no se explicaría”, sentenció.
Luces y sombras. Como suele pasar en otros aspectos, hay matices también en lo que refiere a planes sociales. Pero queda un dilema. En un país donde la informalidad laboral representa alrededor del 34% de los trabajadores ocupados, crear una oferta de empleo en la cual la remuneración es menor que el salario mínimo -cuando éste ya es modesto-, probablemente esté lejos de garantizar un ingreso digno con plenitud de derechos. Como señalan diversos estudiosos en la materia, la clave es problematizar y superar las políticas que, bajo un discurso “solidario” y “cooperativo”, funcionan como mecanismos de gestión y legitimación de la pobreza, en vez de promover genuinamente la igualdad social y el bienestar.
