La jueza Elena Liberatori dictó una medida cautelar contra el 0-800 implementado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar actividad política en los colegios.

De acuerdo con la medida, dispuesta en el marco de la acción de amparo promovida por el abogado constitucionalista Roberto Boico, se prohibió la utilización de la línea telefónica como persecución política a los jóvenes y niños, atento a las normas constitucionales que los protegen, y redirigió su implementación sólo a denuncias de conductas penales tipificadas en el Código Penal.

La jueza, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 3, dispuso que la información y los datos aportados a través de la línea 0800 «solamente tendrán virtualidad jurídica para el caso de hechos que pudieran constituir delitos en los términos del Código Penal, en cuyo caso el Ministro de Educación deberá promover las denuncias judiciales pertinentes hasta tanto exista un protocolo de funcionamiento y utilización de la información obtenida por ese medio».