El Gobierno nacional ya envió al Congreso nacional el proyecto de presupuesto para el próximo año. Desde hace varios ejercicios que no se respeta el piso de recursos que la Nación debe distribuir a las provincias y que se fijó en un 34% conforme a la última reforma de la Constitución nacional. La misma situación se repetirá en el próximo año porque la masa de recursos a distribuir será del 24,8%. Diez puntos menos de lo que la ley fija, lo que significa un 29% menos de lo que corresponde por ley.
Por distintas medidas del Gobierno nacional, las provincias fueron perdiendo fondos federales y en consecuencia se achicó la masa de recursos a distribuir.
Es cierto que las provincias registrarán un incremento en términos absolutos en los fondos, pero la cifra no respetará el piso mínimo que establece la ley y caerá todavía más que en años anteriores.
Esta situación genera que el Gobierno nacional distribuya los recursos con criterios de discrecionalidad a las provincias que le responden políticamente.
Diputados del radicalismo denunciaron que en el proyecto hay 100 mil millones que el Ministerio de Economía no destina a ninguna provincia en especial sino que los llama “inter-jurisdiccionales”, porque no tienen aplicación en un territorio específico. Esta situación despierta sospechas en la oposición.
Según un informe de la consultora Economía y Regiones, el proyecto de presupuesto nacional 2013 esconde un retroceso en materia de fondos para las provincias, que percibirán una porción menor de la torta de recursos que se coparticipan.
Las transferencias coparticipables al interior totalizarían el año que viene $204.000 millones, lo que llevaría la participación de las provincias sobre el total de recursos tributarios al 24,8% de la recaudación total, frente al 24,9 por ciento del cierre 2012.
En los últimos años, las provincias fueron perdiendo recursos a través de numerosos pactos fiscales mediante los cuales cedieron parte de sus fondos, a lo que se sumó el protagonismo que cobraron en la recaudación impuestos no coparticipables, como las retenciones, o que se reparten poco, como el tributo al cheque.
Una de las cuestiones que nunca se esclarecieron, por ejemplo, fue la renuncia de las provincias en 1993 al 15% de la masa coparticipable para financiar el sistema previsional. En la actualidad, el gobernador de Córdoba, José Manual de la Sota, llevó el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un dato que muestra la pérdida gradual de recursos es que en 2008, por ejemplo, las provincias recibieron solamente el 27,8% de lo recaudado por la AFIP, en contra de la imposición legal que les garantizaba el 34% de lo recaudado.