Hubo duras críticas por la participación política del directorio del ENRE. También se cuestionó el magro rol que cumplió en la defensa de usuarios.

Un intenso debate se generó ayer por el futuro del Ente Regulador. En el oficialismo se barajan dos alternativas: la intervención del organismo, tal como lo propuso el ministro de Servicios Públicos, Julio Molina, o la eliminación, un planteo del diputado Jorge Moreno.
En el marco del debate convocado por el presidente de la Junta Capital del Partido Justicialista, Ramón Figueroa Castellanos, hubo consenso generalizado en que el ENRE no puede continuar con el mismo marco político y legal que tuvo en la década del 90, cuando se puso en vigencia a partir de las privatizaciones de los servicios públicos. Pero además hubo duras críticas para el rol que cumplió el organismo en la defensa de los derechos de los usuarios y hasta se deslizó que hubo complicidad con el grupo Taselli, que durante años gerenció a la ex EDECAT.
El ministro de Servicios Públicos, Julio Molina, opinó que la intervención es la figura adecuada para un organismo que tiene un directorio que responde al FCS. Molina no precisó las características que tendría la figura del interventor, pero dijo que hay doctrina que avala esa estrategia y permitiría la continuidad del organismo en defensa de los usuarios.
En su argumentación, el titular de la cartera de Servicios Públicos dijo que se trata de organismos que deben aggiornarse a los cambios sociales y no pueden estar “desapoderados” de la política del Estado, es decir que deben tener estrecha vinculación. En este marco fue crítico de la gestión actual al señalar que fueron protagonistas de una «lucha de poder», en directa alusión a las diferencias públicas que tuvieron antes con el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral y ahora con la gobernadora Lucía Corpacci.
Por otra parte, Molina señaló que la permanencia en el cargo no genera derecho a quienes actúan hoy como reguladores. Añadió que la figura del regulador es similar a la de un juez, «por lo que no puede entrar en consideraciones políticas o en una lucha de poder, debe actuar a través de sus resoluciones y con absoluta transparencia».
A su turno Figueroa Castellanos consideró que «este tipo de debates tendría que haberlo organizado el ENRE para conocer cuál es la función que tienen». Y parafraseó al diputado Roberto Perrota (FV) para indicar que el organismo funciona como una «covacha» para albergar radicales.
«Creemos que el organismo no debería seguir existiendo porque carece de objeto», manifestó el diputado Jorge Moreno. Agregó que se garantizará la fuente laboral de los trabajadores, los que podrán cumplir funciones en otros organismos del Estado. «Es un recurso humano que está desaprovechado», agregó. Explicó que en este momento la única función que tiene el organismo es fijar el precio de las tarifas, tarea que podría ser asumida por el Estado y la Legislatura, a través de una comisión mixta.