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El Gobierno de la Provincia rechazó los recursos de reconsideración que alrededor de veinte personas habían presentado en contra los decretos Nº216 y Nº217 del año pasado, mediante los cuales el Gobierno había dispuesto revocar su incorporación a la Administración Pública por no contar con los seis meses de antigüedad con contratos de servicio. Los afectados van a apelar a la instancia jerárquica ante la primera mandataria provincial, agotando así la instancia administrativa para ir finalmente con un recurso de amparo ante la Corte de Justicia.

A dos meses de haber asumido el poder de la provincia, en enero del año pasado, Lucía Corpacci anunció la decisión de revocar el ingreso de más de 400 personas que habían obtenido la estabilidad laboral con menos de seis meses de antigüedad en contrato de servicio, tal como lo establece el Estatuto del Empleado Pública. La situación respondía a una disposición tomada por su antecesor, Eduardo Brizuela del Moral, a días de dejar el gobierno.

La gobernadora materializó la medida a través de dos instrumentos. En uno se dejaba afuera a 113 empleados de la Administración Central y organismos descentralizados. En el otro quedaban afuera alrededor de 400 agentes que pertenecían al Ministerio de Educación.

En dichos instrumentos dispuso la apertura en la Subsecretaría de Recursos Humanos de un Registro de antecedentes personales y familiares del personal que quedaba desvinculado, para merituar la situación de cada uno y verificar la posibilidad de su reinserción.

La mayoría de los afectados optó por registrarse y acreditar que trabajaban en el Estado bajo distintas modalidad de empleo, como contrato de obra o planes de empleo, por lo que hoy recuperaron su puesto de trabajo.

Instancia judicial

Sin embargo, un grupo de alrededor de veinte exagentes decidieron interponer un recurso de reconsideración contra los decretos entendiendo que los años trabajados en el Estado bajo distintas modalidades les garantizaban la estabilidad laboral. La mayoría lo hizo a través del patrocinio del abogado Sergio Díaz.

Ahora la Provincia, mediante distintos decretos que se están publicando en el Boletín Oficial, rechaza las presentaciones con los mismos argumentos de los decretos 216 y 217, al considerar que al momento de la baja no contaban con seis meses en la planta laboral, tiempo en el que recién se garantiza la permanencia.

Con este revés los afectados apelaron a la instancia jerárquica ante la Gobernadora de la Provincia, pero ya fueron rechazados por dictamen de la Asesoría General de Gobierno.

Según se conoció, pretenden agotar la instancia administrativa a los fines de iniciar el camino judicial ante la Corte de Justicia de la Provincia, con un recurso de amparo, con el objetivo de lograr de esta manera su reinserción en la Administración Pública Provincial y buscar un resarcimiento por lo que consideran un daño.