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En la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, la Presidente negó que busque impulsar cambios en la Carta Magna, pero adelantó que sí intentará que haya modificaciones en la Justicia. Anunció que enviará un proyecto para que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos «por el pueblo», y anticipó que pedirá que todos los poderes del Estado presenten sus declaraciones juradas.

Tal como anticipaban los rumores, al final de un discurso que pasó las tres horas y media, la mandataria confirmó su voluntad de «democratizar la Justicia».

Tras asegurar que no habría una reforma de la Constitución Nacional  –»No se reformará ninguna constitución, quédense tranquilos»–, anticipó que en marzo la Casa Rosada enviaría al Congreso una serie de proyectos de ley en ese sentido.

«Quiero una Justicia democrática, no corporativa, sabiéndose que es parte del Estado y que debe aplicar la Constitución», argumentó.

Magistratura

El primer punto al que hizo mención fue el Consejo de la Magistratura, encargado de designar y evaluar a los magistrados. «Tiene que tener representación ciudadana», afirmó.

«La propuesta va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo sean elegidos por el pueblo», indicó. «Ni los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos», añadió.

La jefa de Estado aclaró que la ciudadanía no podrá elegir a los jueces, sino a los miembros de ese órgano, que a fines del año pasado fue objeto de controversia a propósito del nombramiento de magistrados para pronunciarse en casos clave, como el de la Ley de Medios.

Apuntó, asimismo, que la carta magna establece que los consejeros deben ser académicos y científicos, pero no específicamente abogados. «Hay que darle a ese órgano una representación popular donde la sociedad se vea reflejada y representada», señaló.

Casación

Por otro lado, consideró necesario ramificar la instancia de Casación, creando una cámara en lo Civil y Comercial, una en lo Contencioso y Administrativo, y en lo Previsional, además de la existente. De esa manera, dijo, cada rama ganará una instancia para que haya «más transparencia» y aseguró que eso permitirá desconcentrar información.

Acceso al sistema judicial

«También queremos democratizar el acceso al sistema judicial», continuó. «Creemos que el Poder Judicial no puede ser un lugar donde sólo accedan quienes son conocidos o parientes de; todo ciudadano que reúna las calidades, los requisitos y  apruebe los exámenes está en condiciones«, dijo.

En ese sentido, se mostró a favor de que «si hay 20 vacantes y hay 300 postulantes que reúnen las condiciones, que haya sorteo público». «Porque ingresar al Poder judicial no puede ser un privilegio; deben poder hacerlo todos los ciudadanos que reúnan las condiciones para poder hacerlo», insistió.

Acceso a la información judicial

Abogó, además, por que se legisle para lograr mayor transparencia en el trabajo judicial. «Debe haber un acceso a la información para que todo el mundo sepa» las causas que tiene cada juzgado.

Ganancias

Pese a que varios dirigentes kirchneristas se han manifestado a favor de que los jueces sean alcanzados por el impuesto a las Ganancias –incluso un legislador presentó un proyecto en el Congreso al respecto–, la gobernante resaltó que es una decisión de un Poder que no es el Legislativo ni el Ejecutivo.

«Técnicamente ya hay una ley que ha sido objeto de interpretación constitucional. En esa materia, la última palabra la tiene la Corte Suprema de la Nación», remarcó.

Cautelares

«La medida cautelar se ha transformado en una verdadera distorsión del derecho, en una fuente de inequidad y denegación de administración de justicia», dijo al referirse a otros de los puntos judiciales que han sido criticados por funcionarios del Gobierno a raíz de pronunciamientos adversos en diversos temas, como la Ley de Medios o la expropiación del predio de La Rural.

Cristina Kirchner se quejó de que ese instrumento permite detener procedimientos, mientras «se discuten formalismos y no la cuestión de fondo». «Siempre esa estrategia: cautelar, me declaro incompetente y no pasa nada. Ellos siempre siguen en el mismo lugar», criticó.

«Las medidas de contenido estrictamente patrimonial contra el Estado no tienen sentido, porque el Estado tiene dinero de sobra para pagar y no puede declararse insolvente. Es más: lo que se debería exigir es una contracautela», añadió, aunque evitó precisar cuál es el cambio que pretende.

Responsabilidad del Estado

La mandataria abogó también por una ley de responsabilidad del Estado. «Porque si vamos a sancionar un Código Civil y Comercial, necesitamos esa ley, porque las relaciones que rigen el Código son entre privados o en el Estado cuando actúa como persona de derecho privado», explicó.

«Cuando se hicieron los códigos el Estado era inexistente. El Estado no puede ser tratado igual que un particular o una empresa, necesita otro tratamiento, no privilegiado, pero tampoco castigado. Porque yo veo que cuando estaba todo en manos de los privados, no hay juicios, pero cuando pasan a ser parte del Estado, aparecen los juicios, porque saben que siempre alguien va a dejar de apelar y crean toda una industria del juicio, que todos conocemos», dijo, en un planteo que ya había hecho en ocasiones anteriores al referirse al sistema previsional.

Declaraciones juradas

«Vamos a enviar una ley que tiene que ver con la transparencia total del poder público, que tiene que ver con las declaraciones juradas de todos los que integramos los tres poderes del Estado», prometió, al observar que el acceso es «muy selectivo».

Recordó que existe una acordada, «porque en los 90 se sancionó una ley para no ser cumplida, de Ética Pública«. Según dijo, para que esa norma se ponga en funcionamiento se tenía que crear una comisión nacional de la ética. «¿Pero quién tiene la vara para medir la ética? Ergo, nunca se constituyó», indicó.

«Por internet se debe poder tener acceso a las declaraciones juradas de todos los funcionarios de todos los poderes del Estado. Si yo voy a un juzgado y ese señor va a decidir sobre mí, quiero saber, tengo derecho a saber», dijo.

Por último, remarcó que «también tendríamos que tener, más en el futuro, el acceso a otros tipos de informaciones del sector privado, pero es más complicado, porque es privado; pero el sector público lo garpan todos los ciudadanos», dijo.