Construcción de un México Sustentable con Infraestructura de Clase Mundial

El último informe de CMIC (Construcción de un México Sustentable con Infraestructura de Clase Mundial) sobre el análisis de 144 países ubicó a la Argentina en la posición 86, por encima de Colombia (93), Venezuela (120) y Paraguay (123), y debajo de Brasil (70), México (68) y Chile (45).

En el caso regional, el país ha dejado de manifiesto la incapacidad de poder sostener una posición en la mitad de la tabla, con un lugar inferior al de Brasil. Desde 2006 retrocedió 14 peldaños, mientras que el mayor socio del Mercosur avanzó uno.

Después de los efectos de la crisis de 2009, que llevó a la peor calificación en la última década, la Argentina insinuó una recuperación el año siguiente. Pero no lo pudo sostener a partir de 2011, denunciando uno de los efectos negativo del claro debilitamiento de las finanzas públicas para apuntalar un programa de modernización de la infraestructura del país.

El índice de CMIC se nutre de los datos del Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial que se elabora desde hace más de 30 años, y examina los factores que permiten a una nación alcanzar los niveles de crecimiento y prosperidad a largo plazo. Se trata de una herramienta que utilizan los empresarios e inversionistas interesados en identificar las fortalezas y debilidades de un país para tomar la mejor decisión en cuanto a dónde establecer un negocio o invertir.

Sólo en materia de comunicaciones telefónicas la Argentina ha logrado mantener una posición de liderazgo en la región, ya que con la ubicación 50 sólo fue superado por Costa Rica (38), Uruguay (44)) y Venezuela (49), mientras que Brasil ocupa el puesto 55 y Chile el 68.

Por el contrario, descendió por debajo de 100 entre los 144 países analizados en las calidades de los sistemas y servicios portuarios (101), ferroviarios (103), de las rutas viales (106), del sistema eléctrico (108) y en la calidad general de la infraestructura (112).

Más consumo y menos inversión

El deterioro de la calidad de la infraestructura del país, tanto para el movimiento de las personas en general como en particular para el desempeño de las empresas, ha sido un factor recurrentemente denunciado por los hombres de negocios, debido a que influye claramente en el encarecimiento de los costos de producción y de distribución y, con ello, en la capacidad competitiva con el resto del mundo.

De este modo el país no sólo pierde oportunidades para generar más negocios de exportación de productos manufacturados y contribuir a fortalecer la posición de divisas del Banco Central, sino también desalienta los proyectos de inversión de envergadura y la generación de empleos.

Los economistas que asesoran al Gobierno están convencidos de que fomentando el consumo con una agresiva política salarial, subsidios a las familias y cepo cambiario, y relegar el incentivo a la inversión productiva y a las exportaciones, se puede afianzar un modelo de inclusión social, con mejor distribución del ingreso y creación de empleos.

Sin embargo, desde el anuncio a fines de octubre de 2011 de medidas restrictivas a la demanda de divisas -no sólo para el turismo y el ahorro, sino para operaciones inmobiliarias, la importación de insumos y de máquinas que no se producen localmente, y también para girar dividendos a los accionistas del resto del mundo de compañías extranjeras radicadas en el país- se ha generado el efectos inverso y agudizado el deterioro de la infraestructura a cargo del Estado, sea directamente, sea indirectamente a través de la regulación política de los precios y tarifas.

Así lo han evidenciado los últimos indicadores oficiales de la construcción, con un repunte modesto en abril, pero sin cambiar las expectativas contractivas de los empresarios y la política de destrucción de puestos de trabajo por quinto trimestre consecutivo, como la producción industrial y el creciente déficit de divisas del sector energético, por la menor oferta doméstica.