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AUBASA se encargará del control, mantenimiento y expansión. El Ejecutivo bonaerense decidió rescindir el contrato que tenía Coviares por repetidos incumplimientos.

El gobierno de Daniel Scioli anunció hoy la creación, mediante el decreto 409/13, de la Autopistas de Buenos Aires S.A., que reemplazará a Coviares en la administración de la autovía que une la capital provincial con la ciudad de Buenos Aires.

Según supo Infobae, la composición societaria estará repartida en un 93% a cargo del Estado provincial y el porcentaje restante para los trabajadores representados por su organización sindical.

AUBASA tendrá bajo su responsabilidad tanto la administración de la autopista como su mantenimiento y expansión.

El Ejecutivo resolvió rescindir la concesión que ostentaba Coviares, debido a los repetidos incumplimientos del contrato en los que incurrió la empresa, según consta en diversas auditarías.

“Se han detectado y verificado graves incumplimientos de la concesionaria en lo que hace a la prestación del servicio, la falta de ejecución de obras, irregularidades en los estados contables y en la situación patrimonial y financiera de la empresa, y la existencia de animales sueltos, entre otras causas”, argumentó el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía. “Todas éstas afectan severamente la ejecución del servicio en condiciones adecuadas a las necesidades de los usuarios y a su seguridad”, apuntó.

Entre las demoras que denunció la Provincia figura la falta de ejecución de la construcción del tercer y cuarto carril entre Hudson y Dock Sud, obra fundamental para el descongestionamiento que soportan a diario los usuarios de la autopista, al igual que la bajada a Villa Elisa y Avenida 520 de La Plata.

Coviares S.A. está siendo investigada por la Justicia de Quilmes en torno al destino de los fondos y las tareas de mantenimiento y obras que se debían realizar sobre la calzada. El proceso comenzó tras el amparo impuesto por el concejal platense Gustavo Luzardo, quien pidió la inhabilitación del último incremento del peaje solicitado por la firma y que había entrado en vigencia en abril de 2012, al considerar que no se había cumplido con las obras pautadas en el contrato de concesión.