El gobierno de la provincia se lamentó por la decisión de la Corte de Justicia de hacer lugar a la medida cautelar interpuesta por el intendente Alejandro Páez para suspender la aplicación del decreto que reglamenta el uso de regalías mineras. La gobernadora Lucía Corpacci sostuvo que sólo pretenden que los fondos lleguen a todas las generaciones. Por su parte, el ministro de Producción, Ángel Mercado, sostuvo que acatarán la medida pero afirmó que este instrumento es el único camino para terminar con la mala percepción que tienen los ciudadanos sobre el destino de las regalías.
La primera mandataria realizó una breve declaración al término del acto de inauguración del Centro de Emisión de Licencias de Conducir. “Lo que nosotros planteamos no es un apoyo o respaldo al gobierno, sino que las regalías mineras son patrimonio de las generaciones que vienen y deben ser utilizadas en obras de amplio impacto para la población, que beneficie a esta generación y a la que viene”, subrayó.
En tanto, Mercado se lamentó “profundamente” por la interpretación de la Justicia y dijo que si bien lo van a respetar, no van a bajar las aspiraciones y las expectativas que tienen los pobladores del oeste de la provincia para el buen uso de los fondos. Y en ese aspecto, aseguró que la decisión de la Corte de Justicia de hacer lugar a la medida cautelar “no desalienta nuestras convicciones y voluntad de llegar con algún tipo de mecanismo que regule con claridad los usos de las regalías. Éste es el compromiso que asumió la gobernadora y todo el gobierno”.
En ese sentido, afirmó que la ley de regalías mineras había sido reglamentada en forma parcial, en la que no se incluyó al artículo 5, “esta omisión fue la madre de todos los problemas que hemos tenido con el uso de los fondos de regalías mineras, en particular en las regalías que se coparticipan al interior provincial”.
“Aceptamos las reglas del estado democrático y nos hacemos cargo”, mencionó, pero agregó que de todos los municipios sólo hubo uno solo que interpuso la medida judicial y es “casualmente donde se produjeron todas los rebeliones sociales; con las otros municipios estamos trabajando”. Finalmente, el ministro de Producción planteó que la media tomada por el máximo órgano de justicia de la provincia implica un retroceso para el departamento Andalgalá. “Me parece que no hay nada para festejar en un municipio con una enorme necesidad de trabajo”, subrayó.
Notificado
El abogado Víctor Quinteros, que representa al intendente Alejandro Páez, se notificó ayer de la decisión de la Corte de Justicia. De esta manera, el decreto provincial queda en suspenso hasta que se determine la constitucionalidad del instrumento.
Sin palabras
La gobernadora Lucía Corpacci evitó referirse a las denuncias realizadas por el intendente Elpidio Guaraz, en la que adelanta que deja el FPV por estar molesto con funcionarios. “Yo tengo un mensaje muy cariñoso del intendente”, subrayó.
