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La explotación de la minería es tema de debate desde hace décadas. En innumerables ocasiones se ha asegurado que en ella descansa la proyección de la provincia y el futuro de las generaciones por venir, a punto tal que su desarrollo era considerado -por todos y cada uno- política de Estado.
Las coincidencias eran tan notorias que los partidos que se llevaron más del 95% de los votos en las elecciones de 2011, el Frente para la Victoria-PJ y el Frente Cívico-UCR, proclamaron en campaña su decisión de apoyar fuertemente a la actividad que, a mediados de 1997, había tenido un arranque glamoroso con la explotación del Bajo La Alumbrera. Si se llevaron esa cantidad de votos, ¿quién puede dudar del respaldo popular a la minería?.
Sin embargo, la apuesta a favor comenzó a desdibujarse con el cambio de gobierno que, precisamente, se produjo hace más de un año y medio atrás. La renovación de luchas antimineras apoyadas por elementos de extraña jurisdicción, los cortes de ruta y las desavenencias con la Justicia provincial fueron señales de alerta de que hoy, con la medida cautelar dispuesta por la Corte de Justicia, termina de aniquilar las bases de convivencia y entendimiento que, tácitamente, alguna vez se habían establecido.

El mayor de los engaños

Hasta el más desprevenido de los políticos sabe que la mejor forma de favorecer el despilfarro de la renta minera, y específicamente de las regalías, es que no haya reglamentación alguna que determine cómo y en qué usarlas.
La ley 5128 de esta especie de impuesto a las empresas que son las regalías, por su lado, habla de que los dineros de la actividad extractiva deben ser aplicados a “proyectos sustentables” en lo que, en los hechos concretos, representa una ambigüedad digna de los mejores elogios.
Pagar sueldos, hacer política, distribuir becas, realizar encuestas, construir monumentos o proyectar obras sin planificación y control podían encajar, con explicaciones de circunstancia, para justificar “proyectos sustentables”. De esta forma, por años y bajo la mirada indolente de la clase dirigente, los recursos de la minería pasaron a formar parte de los presupuestos corrientes de la política. Y así nos fue. Pueblos que estaban llamados a ser ricos, como Andalgalá, Belén o Santa María, no solamente vieron el mal gasto sino sintieron en carne propia el mayor de los engaños: la prometida riqueza derivó en mayor pobreza. Si alguien tiene dudas que recorra las rutas del oeste, donde lo único sustentable son las obras viales que han llevado adelante, en distintas épocas los gobiernos nacional y provincial. Es más, los “Cien años de soledad” de García Márquez se quedan cortos.
Cuando se produjeron las asonadas antimineras, los políticos y la prensa en general no dudaron en proclamar que había la necesidad imperiosa de ponerle punto final a la fiesta y reglamentar claramente y sin segundas interpretaciones el uso de las regalías mineras.
De esta forma nació el decreto 202/13, que terminaba con las ambigüedades y determinaba que una unidad de gestión, a crearse en la órbita del ministerio de Producción, iba a aprobar los proyectos de obras en los distintos departamentos que tuviesen alto impacto para la población. Cada intendente iba tener injerencia directa e iba a ser el beneficiario del emprendimiento. No había margen para dudas, aparte de que el tema se consensuó -salvo excepciones como Páez o Quintar- con la inmensa mayoría de los jefes comunales. Si parte de la prensa ha dicho que fue medida unilateral, ha faltado a la verdad
En fin, todos pensaron que finalizaba el tiempo de los gastos discrecionales. Quién más, quién menos, aplaudió la iniciativa, la que llegó a ser considerada como la decisión más importante del actual gobierno. Y, con beneficio para los distintos bandos, ciertamente lo era.

De elecciones y autonomía municipal

Lamentablemente para Catamarca y para la minería llegó el tiempo electoral. A menos de un año de las elecciones, los líderes del partido radical, en perfecto entendimiento con el intendente Alejandro Páez (Andalgalá), levantaron la bandera de la autonomía municipal. La reglamentación de las regalías, según ellos, la afectaba
No hace falta recalcar las contradicciones. Ningún jefe comunal es autónomo. Para serlo debería hacerse cargo de la educación, la salud, la seguridad y los sueldos de los empleados de cada jurisdicción. No lo hacen y, por el contrario, reclaman auxilios en forma permanente del Poder Ejecutivo, lo cual colisiona frontalmente con los argumentos que Páez presentara en la Justicia y que el apoderado de la UCR, Víctor Quinteros, ha resaltado cuando dijo “los municipios son autónomos y la autonomía se relaciona con la toma de decisiones en lo económico”.
En las propias palabras del joven Quinteros se incuba la irresponsabilidad de la Corte de Justicia al darle la razón. En ningún renglón del reglamento se indica un quebramiento de la decisión de los intendentes “en lo económico”.
A esta altura hay que decir las cosas como son. A la UCR le desvela el financiamiento de la campaña política y en ese dilema poco importa el destino de la provincia, el proyecto minero o los remilgos legales que pudieren existir. De esa necesidad nació la alternativa de frenar la reglamentación, para lo cual se contaba con una aliada de lujo y del propio cuño: la Corte de Justicia.
Cuando meses atrás se realizó la cumbre andalgalense, en la que el intendente Páez fue el anfitrión de los principales popes de la oposición, apuntamos en esta columna de los días sábado que los cantos de unidad no eran más que fachada de un objetivo superior: conseguir los fondos para la campaña. Hoy, gracias a la Corte, hay formas de capturar dinero fresco que se justificará en otros menesteres, como ser las obras que se llevan a cabo en Andalgalá y que, por la medida cautelar, no tendrán control alguno.
Los radicales, sobre esto último, podrán argumentar que el oficialismo hace caja con mecanismos parecidos, lo que, si efectivamente es así, también está mal.

El descontrol total

El ministro de la Corte de Justicia, José Cáceres, ha salido a explicar que el gasto de los municipios, más allá de la cautelar que ha votado junto a Sesto de Leiva, mantendrá controles. Dice que para ello están el tribunal de Cuentas o los concejos deliberantes.
Cruel ironía de alguien que entiende las leyes de acuerdo con las necesidades de sus mandantes que, en 1991, lo convirtieron en ministro de la Corte, postergando su aspiración de ser senador de Valle Viejo por la UCR.
El fracaso del tribunal de Cuentas en el control de los proyectos y gastos con regalías está sellado, lacrado y archivado. El propio titular del organismo dio el “no va más” hace un buen rato y en cuanto a los concejos deliberantes le trasmitimos algo al doctor Cáceres: en Andalgalá, departamento en la que está suspendida la reglamentación, funciona una mayoría automática en línea con su fallo y con el comité provincial. Lo dijeron de manera indirecta, durante la jornada del jueves, la concejal Leila Fuentes y el propio Páez
También hay que recordarle a Cáceres y Sesto de Leiva que en los más altos círculos políticos se sabía de antemano lo que era una jugada cantada. Un centro perfecto para la conquista radical. Y se sabe más: la declaración de inconstitucionalidad del decreto surgiría un tiempo antes de las elecciones del 27 de octubre.

La Corte contra la gente

Mucho, pero mucho antes de que en la Argentina se comenzara a hablar de democratización de la Justicia, referimos el rol fundamental que iba a tener a partir de 2011 el máximo tribunal de Justicia de la provincia, apoyado a rajatabla por la prensa que jamás habla de sus desvaríos, aunque paradójicamente contradiga lo que trasmite a los lectores.
Si antes del 10 de diciembre de aquel año (la Corte) era una misma cosa con los poderes Ejecutivo y Legislativo, se comprende fácilmente su actuación a partir de entonces. Todos sus fallos estuvieron orientados a perjudicar al gobierno peronista, pero este último dictamen tiene un complemento de perversidad pocas veces visto: deja, objetivamente hablando, sin control alguno el gasto de regalías mineras, lo que es un golpe a la ilusión de la gente, que seguirá observando cómo la política impúdicamente gasta dineros públicos que tienen que ver con las futuras generaciones, no con las que ejecutan actualmente el tránsito terrenal.
Sin embargo, es conveniente que se aclare cómo funcionan las instituciones en la provincia. Es que la Justicia, como uno de los poderes del Estado, también es parte del gobierno. Y sus fallos, que obligatoriamente hay que acatarlos, no son cáscara vacía.
Al aplicar un terrible mazazo al proyecto minero, al que todos decían defender, la Corte de Catamarca ha ratificado que no es independiente y que responde a sus “celestiales” mandantes. Entonces está muy bueno que la gente, a través del voto, dé a conocer su parecer sobre las conductas de los distintos actores sociales.
El juicio del futuro, para cuando se agoten los yacimientos mineros, según nuestra percepción, no creemos que sea benévolo con quienes, directa o indirectamente, han actuado en contra de los intereses supremos de la provincia.
Las posiciones están claras. Mientras la gobernadora pidió cándidamente en el acto del 9 de julio entendimientos políticos, a las pocas horas le llegó un cachetazo desde la Justicia que, lo descontamos, no será el último.