Poder Judicial

Ante la falta de respuesta por parte de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) a un pedido de una silla de ruedas para un paciente con discapacidad motriz -un adolescente con una patología muy grave-, la Corte de Justicia de Catamarca resolvió ordenar a la obra social la entrega de una silla de ruedas con determinadas características, en el plazo perentorio de 10 días. El fallo tiene fecha del 20 de septiembre.
De acuerdo con el documento, se interpone esta acción de amparo por mora en contra de la Obra Social. La madre de un niño con discapacidad motora había expuesto que en 2008 había gestionado ante la Obra Social la provisión para su hijo de una silla de ruedas motorizada. Este pedido tuvo eco y en julio de 2009 se le entregó una. De este modo, se había logrado una mejor y evidente calidad de vida del niño.
En marzo del año pasado, la madre de este niño volvió a iniciar gestiones para la provisión de una nueva silla de ruedas, adecuada al desarrollo del ahora adolescente. Sin embargo, la petición fue denegada mediante la Resolución de OSEP N° 7210/2012, con fecha del 28 de junio de ese mismo año. Desde entonces, la madre de este menor viene reclamando ya hace un año y medio.
El máximo tribunal consideró que se debió reencauzar la pretensión de amparo debido a que hay una cierta similitud con el amparo por mora, en cuanto ambos están dirigidos a controlar y remediar “todo acto, decisión u omisión de los agentes administrativos que violen, amenacen o menoscaben derechos garantizados por esta Constitución o por las leyes sancionadas”, remarcó.
Además, los Ministros de la Corte indicaron que la Ley 22.431 estableció un Sistema de Protección Integral a favor de las personas con discapacidad. En el articulado, precisaron, se instituye un sistema de protección para las personas con discapacidad y también tiende a regular todos los aspectos relativos a la situación dentro de la sociedad, como atención médica, educación y seguridad social. De esta manera, sostuvieron, se establece un régimen particular en relación con los derechos de las personas con discapacidad y las obligaciones que se imponen a los órganos del Estado, con el objetivo fundamental de concederles franquicias y estímulos que permitan, en la medida de lo posible, neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca. Las medidas de protección del derecho a la salud de las personas con discapacidad obligan a garantizar su rehabilitación y tratamiento permanente, a fin de brindar todas las posibilidades de asegurar una mejor calidad de vida.
Por último, el fallo establece que desde el Estado se debe dar una respuesta rápida y efectiva a los reclamos efectuados a raíz de una discapacidad, por cuanto se encuentra en juego el derecho a la salud, el que se vincula íntimamente con el derecho a la vida digna; ambos derechos son de jerarquía constitucional. “Corresponde reconducir la acción intentada en los términos y alcances fijados y ordenar a la OSEP la entrega de la silla de ruedas, en el plazo de 10 días, bajo apercibimiento de las previsiones del Artículo 239 del Código Penal”, resolvió la Corte.