Juan Pablo Millán

El diputado Juan Pablo Millán, en su rol de integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia de Servicios Públicos emitió un severo informe preliminar sobre la actuación de la cartera que ahora dirige Gustavo Aparicio, detallando las falencias que para el cuerpo legislativo se observaron, especialmente durante las gestiones de los anteriores ministros, Luis Romero y Julio Molina.
Según el texto, que fue difundido por el legislador, desde el momento de su creación, la cartera en cuestión exhibió “inoperancia” en la gestión de la prestación de los servicios públicos, “sin distingos de los responsables que raudamente pasaron sin pena ni gloria, ni servicios eficientes. En síntesis, dos años de fracasos a causa de la improvisación ininterrumpida”.
La comisión está integrada por los senadores Ramón Figueroa Castellanos (Frente para la Victoria) y Luis Rodríguez (Frente Cívico y Social), y los diputados Marcelo Rivera (Frente Tercera Posición) y Juan Pablo Millán (FCyS). De acuerdo a Millán, estas falencias se pusieron en evidencia tras las declaraciones (“más bien sinceramiento”, dice) del extitular del ministerio, Romero, quien dijo que necesitaría 5 años y $ 2000 millones para prestar servicios de calidad.
Los cuestionamientos de la Comisión apuntan principalmente (aunque no excluyentemente) a la reiteración de pedidos de informes legislativos promovidos por Millán no atendidos por la cartera durante las administraciones de Molina y Romero. Sobre el primero, dijo que “envió a la cámara de Diputados notas aisladas y fuera de tiempo, con cuadros de información escueta sobre los expedientes, descripción de la obra, monto, empresa adjudicada y número de resolución ministerial. En definitiva, documentación escasa e insuficiente para dar cabal cumplimiento a las facultades establecidas en la Ley de Emergencia”, norma que fundamenta la creación de la Comisión.
Millán entiende que la “acotada” información ofrecida por Molina era la misma que se publica en el Boletín Oficial, lo cual “imposibilita la tarea legislativa. La falta de informes oportunos y completos afecta a los derechos e intereses de los ciudadanos”.
No obstante, se hace referencia a que esta política tuvo continuidad durante la administración de Luis Romero. La respuesta ofrecida por la cartera el 27 de agosto pasado indica que la inversión final en materia de energía asciende a $30 millones, pero la documentación enviada desde el ministerio “está incompleta”, o bien exhibe “errores administrativos en sus originales”.