Diego Bossio y Axel Kicillof

“Nuestro objetivo es tener una cobertura del 100% en jubilaciones, una medida de esta categoría es la razón de ser del Estado. Desde que se implementó la Ley de Inclusión Previsional aumentó el trabajo formal en la Argentina. Hoy, solo en 40 ó 50 días hábiles los jubilados cobran su primer haber. En 2005, cuando Néstor Kirchner tomó la decisión de ampliar la moratoria, se reconocía la situación de la década del 90 para que los argentinos regularicen su deuda”, afirmó el Director Ejecutivo de la ANSES,Diego Bossio, quien amplió los anuncios realizados ayer por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo acompañado por el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof.

Diego Bossio resaltó que “todos los trámites en la ANSES son gratuitos, por eso, los adultos mayores no necesitan de ningún gestor para jubilarse ni pagar por hacer el trámite, nosotros estamos capacitando a nuestros agentes para que la tarea sea llevada a cabo como corresponde”. Asimismo, Diego explicó que la ANSES realizará un control patrimonial para que “esta política inclusiva llegue realmente a quienes son más vulnerables, a quienes trabajaron toda su vida pero que por las crisis quedaron sin empleo o trabajaron precariamente y no les hicieron aportes”.

Por su parte, el Ministro Kicillof sostuvo que “esto le va a cambiar la vida a miles de argentinos que van a poder ingresar al sistema previsional, uno de los más inclusivos del mundo; habían quedado afuera de un derecho básico. A partir de esta decisión vamos a vivir en un país más justo, más igualitario y más inclusivo. Esto es una necesidad y donde hay una necesidad hay un derecho.

Todas las políticas que anunciaron Néstor y Cristina se convirtieron en gastos públicos destinados a los más necesitados”.

“Esperamos que el Congreso sea lo suficientemente expeditivo porque lo está esperando mucha gente”, solicitó Diego Bossio.

El Proyecto de Ley para la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional beneficiará a 473.814 argentinos que estaban excluidos del sistema por no tener la totalidad de aportes. Esta nueva etapa extiende ese plazo hasta diciembre de 2003 y plantea lograr la universalización jubilatoria, es decir, llegar al 100% de cobertura previsional. El impacto fiscal anual estimado sería de 11.000 millones de pesos, según manifestó el Ministro de Economía.

Así, podrá acceder a la moratoria cualquier persona que, teniendo la edad exigida por ley -las mujeres 60 años y los hombres 65-, le falten años de aportes para llegar a los 30 necesarios, no contar con prestación previsional alguna o percibir hasta una mínima (como pensiones y Pensiones No Contributivas, hoy de $2757). Asimismo, se contemplará a las personas con mayor nivel de vulnerabilidad.

Esta segunda etapa de inclusión previsional tendrá impacto redistributivo al estar orientada a garantizar una jubilación y cobertura médica para las personas en edad de jubilarse y que hoy no pueden hacerlo por el elevado costo de la deuda previsional.

Para garantizar la sustentabilidad del sistema, el valor de la cuota se actualizará por la movilidad jubilatoria (art. 32 Ley 24.241).

Cobertura previsional del 93,8%
En el año 2005 había un 57% de cobertura previsional en la Argentina, lo que significó que 5 de cada 10 abuelos no accedían a una jubilación. A partir de la puesta en marcha del Plan de Inclusión Previsional, se incorporaron al sistema jubilatorio 2.749.696 de adultos mayores a los que les faltaban aportes y a los que se les fueron descontando cuotas de la moratoria de su jubilación. Hoy, la cobertura alcanza a un 93,8% de la población, constituyéndose en la más alta de América Latina, con 5.907.860 jubilados.

El Plan de Inclusión Previsional, lanzado en 2005, redujo la pobreza y la indigencia entre adultos mayores y mejoró la distribución del ingreso. Asimismo, se convirtió en una política de igualdad de género, ya que el 73% de las jubilaciones otorgadas fueron hacia las mujeres. Además, protegió principalmente a los sectores más humildes, provocando un efecto distributivo positivo. Esto responde a que los fondos destinados a estos sectores de adultos mayores se vuelcan luego al consumo y al sostenimiento del empleo, generando un círculo virtuoso en la actividad económica.

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