Sebastián Lípari, Rodrigo Morabito y Juan Pablo Morales

Durante la tarde de ayer dio inicio la primera jornada del “Congreso de Derechos Humanos en Catamarca”, que con un amplio marco de asistentes contó con tres importantes disertaciones a cargo de juristas del medio local.

El evento fue organizado por la ONG Paradigma del Derecho Catamarca, con auspicio de la vicegobernación que conduce Dalmacio Mera y el respaldo de numerosas entidades.

Para la primera jornada disertaron el secretario de Seguridad Juan Pablo Morales, el fiscal de la Unidad de Delitos Correccionales Sebastián Lípari y el juez de Menores Rodrigo Morabito. Los mismos se explayaron sobre la legalidad en los procedimientos policiales, los derechos de las víctimas y la criminalización y maltrato estatal respectivamente.
Arresto policial

Juan Pablo Morales inició la charla sobre una temática polémica como lo son los arrestos policiales, a la que tildó de “muy interesante pero también muy urticante”. Iniciando su ponencia, señaló que hoy en día “la mayor preocupación de los ciudadanos y de las agendas de los políticos es el tema de la inseguridad, aún más que la falta de empleo o la deserción escolar”.

A continuación explicó el accionar que deben tener los efectivos policiales: “Si se hace de manera correcta, a veces un policía puede equivocarse pero ser lícita su conducta, porque no se llevó del olfato policial sino de circunstancias objetivas que permitieron que privara de la libertad a una persona”, dijo el fiscal en licencia. Respecto de las personas arrestadas, señaló: “Creo que las limitaciones tienen que ser con el respeto a las garantías constitucionales y los derechos humanos, poniendo en conocimiento inmediatamente a un familiar o persona de confianza, tienen que tener acceso a una llamada telefónica y como norma esencial la notificación a un defensor oficial, porque la notificación a un juez no es más que un parte preventivo”.

“Hoy en día los policías deben ser especialistas, deben conocer cómo, cuándo y dónde deben utilizar la fuerza pública. Deben serlo porque ante una sospecha de criminalidad tienen que saber qué hacer, porque generalmente como función de seguridad y preservación del orden público, tendrá que recurrir a medidas de coerción”, explicó. Seguidamente, detalló con casos puntuales lo que rezan las normativas actuales a la hora de realizar aprehensiones y requisas.

“Yo sé que la labor del policía es muy difícil porque están en la calle, previenen, pero también muchas veces las facultades de los policías son mayores que la de los operadores judiciales, porque son los que deciden en el momento ante casos de urgencia qué deben hacer. La cuestión es que decidan lícitamente cómo efectuar los actos de coerción, la labor debe estar provista de objetividad, el olfato policial no nos gusta”.

Seguidamente citó jurisprudencia relacionada con casos polémicos de arrestos y procedimientos policiales, haciendo hincapié en la necesidad de la constante capacitación. “Para el uso de la coerción necesitamos una causa probable y una sospecha razonable”, concluyó.

De acuerdo al disertante, para combatir la inseguridad “es fundamental dejar de lado estos discursos de la mano dura y el ‘hay que matar a todos’. Es una materia compleja que necesita un enfoque multidisciplinario que requiere el aporte de todos los organismos estatales, ONG’s y el compromiso de los ciudadanos.