Lucía Corpacci recibe informe de la Comisión Consultiva para la Reforma de la Constitución de Catamarca

La Gobernadora Lucía Corpacci recibió en el mediodía del martes 30 de diciembre, en el Salón de Acuerdos “Fray Mamerto Esquiú” de Casa de Gobierno, el informe de la Comisión Consultiva para la Reforma de la Constitución Provincial, un libro que refleja las tareas realizadas y las propuestas recibidas a lo largo de tres meses de trabajo en todo el territorio catamarqueño.

La mandataria celebró la amplia participación ciudadana en la iniciativa, y destacó el respaldo que la comunidad brindó a su proyecto original, enriquecido ahora con los aportes de múltiples instituciones, ciudadanos y organizaciones sociales.

Lucía agradeció especialmente al Presidente de la Comisión, el ministro de Gobierno Gustavo Saadi, a sus colaboradores Fidel Sáenz y Gustavo Aguirre, y a cada uno de los miembros titulares y suplentes del equipo de trabajo, junto con todos aquellos que pusieron en marcha este histórico proceso de renovación de la Ley fundamental de la Provincia.

La Gobernadora entregó diplomas a los principales actores de la Comisión, al tiempo que destacó el carácter ad honorem de la tarea realizada, y pidió ahora que se avance hacia una nueva etapa, con participación de la Legislatura y otros especialistas, para evaluar detalladamente cada uno de los documentos acercados.

Centenares de propuestas fueron recibidas e incorporadas al informe, un notable trabajo que se resume en la publicación entregada a la mandataria provincial.

“Es hora, pues, de adecuar nuestra Carta Magna a tales transformaciones sociales, institucionales, económicas, laborales, científicas, tecnológicas y jurídicas, de manera de celebrar un nuevo contrato social que las refleje, pero que, además, y esencialmente, defina un proyecto de Provincia hacia la cual avanzar y en la que todos sus habitantes sean efectivamente cada día más iguales, para poder hacer realidad la Justicia Social que todos anhelamos. Estamos personalmente obligados a realizar un esfuerzo colectivo en la búsqueda de acuerdos, para que, sin mezquindades partidarias, sectarias o individuales, construyamos entre todos el presente y el futuro de la Provincia”, había señalado la propia Lucía Corpacci el  18 de septiembre de 2014.

Y su iniciativa comenzó a cristalizarse en el Informe, cuyos primero párrafos se transcriben a continuación:

El presente informe documenta el novedoso proceso de consulta a distintos sectores de la sociedad, que fue impulsado por la gobernadora Lucía Corpacci en su mensaje del 18 de septiembre de 2014, con el objeto de escuchar a todas las voces y receptar propuestas sobre la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Catamarca.

Celebramos la esencia de la convocatoria, que fue recibir miradas desde distintos ámbitos, en forma plural y abarcadora, con el fin de compilar y acreditar todas las opiniones posibles sobre la organización de nuestra sociedad.

Así se emprendió un proceso de amplia participación social, con audiencias y consultas públicas, novedosas formas de participación directa como modo de afianzar los cimientos de la democracia para la renovación del contrato social.

La última reforma de nuestra Constitución fue realizada en 1988, hace 26 años. En ese tiempo se vivieron cambios sociales “vertiginosos y trascendentes”, que debieran ser adoptados y regulados por la ley madre que rige a nuestra sociedad. Por otra parte, en 1994 sucedió la reforma de la Constitución Nacional, lo que requiere una readaptación de nuestra Carta Magna a los nuevos paradigmas, derechos e institutos del constitucionalismo moderno.

Los cambios, a tono con la nueva conformación de la sociedad, requerían también una forma novedosa para analizar, diagnosticar y proponer. Un proceso de consultas previas que incluyera a quienes tradicionalmente no participan sino sólo de forma indirecta.

Consideramos que una reforma parcial de nuestra Constitución Provincial debe servir y ser ampliamente operativa las próximas décadas, para que pueda ser gozada por las presentes y futuras generaciones, y entendemos que ésta es una tarea de todos los integrantes de la sociedad: no sólo de los legisladores que deben debatirla y aprobarla, sino también de los partidos políticos, los colegios profesionales, los diferentes credos religiosos, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, y también de los ciudadanos que nos sentimos responsables de aportar a la sociedad en la que queremos vivir.

Es por eso que desde esta Comisión Consultiva y de Participación, integrada por representantes de diferentes sectores e instituciones de Catamarca, nos hemos puesto al servicio del bien común por encima de las preferencias ideológicas o partidarias de cada uno de nosotros. Intentamos realizar nuestro aporte, nuestro grano de arena, para esta reforma que consideramos ineludible.

Entendemos que la eventual reforma constitucional debe estar basada en el diálogo y el consenso, en un proceso que abarque el más amplio espectro posible no sólo de los partidos políticos, sino también de todos los sectores que componen nuestra comunidad. Sólo así podemos aspirar a un resultado que sea perdurable y sostenible en el tiempo, con un alto grado de legitimidad política y social.

En aquella presentación de septiembre, la Gobernadora detalló los temas constitucionales que serían puestos en debate. Entre otros, habló del fin de los privilegios de la clase política, el límite a las reelecciones indefinidas, de poner certeza a la fecha de electoral, y de ampliar los derechos electorales a jóvenes desde los 16 años en forma optativa.

Respecto al Poder Legislativo, sugirió la limitación de las inmunidades parlamentarias, la transformación del poder legislativo en unicameral, la ampliación del período de sesiones ordinarias, la reglamentación del instituto de los decretos de necesidad y urgencia. En cuanto al Poder Ejecutivo, además de la cuestión reeleccionista, instaló el debate sobre mejoras en los sistemas de control externo e interno para dotar de mayor transparencia a las cuentas públicas, la modernización de la carrera administrativa en el Estado, la reglamentación de la promulgación parcial de las leyes, y la sucesión directa del Gobernador por el Vicegobernador ante acefalía. También propuso amplias reformas al Poder Judicial con una profunda reorganización, darle a jerarquía constitucional al Consejo de la Magistratura, incorporar institutos como el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, el Observatorio de los Derechos Humanos, y agregar a nuestra Carta Magna nuevos derechos y garantías producto de pactos internacionales de nuestro país, la reivindicación de los pueblos originarios, y extender la obligatoriedad de la educación secundaria.

Celebramos que ese listado de temáticas no fue una imposición política ni un paquete cerrado, sino todo lo contrario: fue la manera de abrir el debate, para que la Sociedad catamarqueña pueda opinar libremente antes de enviar un proyecto de reforma constitucional a la Legislatura.

De hecho, las propuestas recibidas desde los más diversos sectores excedieron ampliamente aquel listado preliminar de temas, y en algunos casos los ciudadanos se opusieron con sólida argumentación a reformas sugeridas.

El primer paso fue la creación de esta Comisión Consultiva y de Participación Ciudadana, integrada por referentes de distintas instituciones, para recibir propuestas. De eso da cuenta este informe, luego de una intensa actividad en la que se receptaron ideas de partidos políticos, colegios profesionales, instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, gremios, los diferentes credos y de ciudadanos a título personal.

Es importante precisar que el presente de proceso de consultas no intenta reemplazar al procedimiento reglado por la Constitución provincial en su artículo 281 (especifica que la Carta Magna “… no podrá ser reformada en todo o en parte, sino por una Convención especialmente elegida para ese efecto por el pueblo de la Provincia, en elección directa. La necesidad o conveniencia de la reforma deberá ser declarada por ley, expresándose si debe ser general o parcial y determinando, en este último caso, los artículos o la materia sobre los que ha de versar dicha reforma…”).

En nuestro sistema republicano, representativo y federal es crucial y determinante la participación y el consenso de los partidos políticos y de los legisladores para lograr los cambios dentro del Parlamento provincial primero, y en una Convención Constituyente después. Pero no olvidamos de que en estos tiempos de vertiginosos cambios culturales y tecnológicos existen también nuevas formas de canalización de la opinión pública, mecanismos alternativos para lograr la mayor participación ciudadana en los temas que son de altísimo impacto político. Por esa razón, es destacable el gesto de escuchar a la ciudadanía en forma previa, a través de otras formas organizativas de la sociedad, como una manera de incentivar la participación en el diseño de la institución madre de los catamarqueños, que regirá su destino en las próximas décadas.

De ese modo, se abrió la posibilidad de que la reforma parcial de la Constitución se convierta en responsabilidad de todos los sectores ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, no sólo de los legisladores que deben debatirla. El órgano de la democracia encargado de aprobar una reforma constitucional es el Poder Legislativo. Pero este proceso de recepción de propuestas y de audiencias públicas, en el que se escucharon voces de distintos estamentos sociales, servirá para enriquecer el debate que se va a producir en ese ámbito. Esta recopilación de propuestas se trata precisamente de mostrar las diferentes posturas que hay en la sociedad respecto de las líneas generales de nuestra organización como Provincia y como sociedad.

La Comisión Consultiva y de Participación Ciudadana (CCPC)

Muchos procesos políticos de los últimos tiempos fueron realizados con el apoyo de comisiones consultivas de distinto tipo, como una forma de ampliar la participación de la sociedad en los procesos de toma decisión de políticas fundamentales. Entre otros antecedentes internacionales y latinoamericanos, se podría recordar el Consejo para la Consolidación de la Democracia creado por Raúl Alfonsín en 1985 o la Comisión de Juristas y Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación del Digesto Jurídico Argentino de 1988 en nuestro país.

Un ejemplo más reciente es la “Comisión para la elaboración del proyecto de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación”, creada por el decreto 191 de 2011 firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa Comisión, presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, recibió propuestas y sugerencias durante varios meses, y luego elevó su proyecto que, con algunas modificaciones, fue aprobado por el Parlamento en octubre de 2014.

Es así como las comisiones colaboran con los gobiernos en al análisis de situaciones complejas y realizan su aporte  la toma de decisiones.

Por decreto N° 1685, de fecha 24 de septiembre de 2014, la Gobernadora dispuso la creación de esta Comisión Consultiva y de Participación Ciudadana (CCPC), integrada por representantes de diversas instituciones de la Provincia. La comisión tuvo el objetivo de lograr una participación amplia de toda la ciudadanía en el proceso de formulación de propuestas, como paso previo a que el Ejecutivo envíe a la Legislatura un proyecto para declarar la necesidad de la reforma.

El decreto de creación de la CCPC fue muy claro respecto de qué se esperaba de ella. “…tendrá por objeto garantizar la plena participación de los distintos actores y sectores sociales de nuestra Provincia, en el proceso de formulación de propuestas con vista a una reforma constitucional. La misma se llevará a cabo a través de la recepción de propuestas. Concluyendo con un informe final que tendrá como  base lo expuesto por los actores sociales sobre el contenido de la Reforma Constitucional” (ver decreto 1685 en el anexo documental de este informe)

La CCPC se constituyó en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia, conformada por representantes de diferentes organizaciones y expertos, y su objetivo fue “la confección de un informe cuyo contenido refleje la opinión y participación de los distintos actores sociales de la Provincia en una propuesta de Reforma de la Constitución de Catamarca”.

Tal como ordenaba el decreto de creación, la Comisión fue conformada con representantes de los siguientes sectores:

·         La Universidad Nacional de Catamarca.

·         El Tribunal Oral Federal con asiento en la Provincia.

·         La Agencia para el Desarrollo Económico de Catamarca.

·         La Junta de Estudios Históricos de Catamarca.

·         Colegio de Abogados de Catamarca.

·         Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca.

·         Expertos en Desarrollo de Tecnología y Energías Alternativas.

·         El Poder Ejecutivo.

Recalcamos la transversalidad de la composición de la CCPC, que incluyó estamentos jurídicos, empresarios, académicos, sociales y jurídicos para realizar esta tarea.

El trabajo de la CCPC

En su primera reunión, la CCPC aprobó un reglamento en el que se estableció que el quórum para sesionar sería de 5 sobre los 8 sectores que la componen. Por esa razón, las instituciones designaron a más de un representante –cuya labor se realizó absolutamente “ad honórem”-, de modo de no alterar el ritmo ni la frecuencia de las reuniones. También se designó al Ministro de Gobierno de la Provincia como presidente de la Comisión y a un Secretario Ejecutivo.

En su artículo 3° el decreto especificó que el proceso consultivo debía abarcar a todos los sectores de nuestra comunidad tanto en la Capital como en el interior, y que debía reunirse “al menos una vez en el Oeste y otra en el Este provincial” para llevar el debate a toda la sociedad y receptar los contenidos “a los fines de elevar al Poder Ejecutivo las conclusiones que habrán de ser consideradas al momento de enviar al Poder Legislativo el proyecto de Ley de Declaración de Necesidad de la Reforma de la Constitución”.

La CCPC convocó, entre otros, a  los partidos políticos; a representantes de los Poderes del Estado Provincial; a representantes de la Iglesia Católica Apostólica Romana y demás credos; a representantes de Organismos Autárquicos y Descentralizados de la Administración Pública Provincial; a las asociaciones gremiales de trabajadores, profesionales, industriales, productores y demás Cámaras económicas; a las Asociaciones Civiles; a la Universidad Nacional de Catamarca y demás ámbitos académicos; a legisladores Nacionales de la Provincia y Legisladores Provinciales; a Intendentes Municipales y Concejales; a los Medios de Comunicación; y a los ciudadanos en general, que podían hacer sus sugerencias a título personal.

A los efectos de dar la mayor transparencia al proceso, se implementó una página web para que todos los ciudadanos puedan formular sus propuestas, y se estableció un exhaustivo cronograma de trabajo.

Durante la labor de la CCPC se realizaron 12 Audiencias Públicas (Incluyendo una en Belén y otra en Recreo), reuniones protocolares con diversas instituciones y titulares de los tres poderes de la Provincia: la Comisión se trasladó hasta los despachos de la Corte, del vicegobernador y titular del Senado Dalmacio Mera, y del titular de la Cámara de Diputados Marcelo Rivera. También hubo visitas al Obispado para escuchar la voz de la Iglesia, y a las sedes de los Colegios Profesionales.

Además, renombrados especialistas llegaron a Catamarca para disertar sobre sus experiencias.

Se escuchó al Dr. Sergio Díaz Ricci, especialista en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Tucumán, de Derecho Parlamentario y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Magister en Salud Ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán y actual miembro del Tribunal de Cuentas de esa provincia, y autor del Código Procesal Constitucional de Tucumán (Ley 6.944/99), entre otros títulos.

El doctor Héctor Granillo Fernández, presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), disertó sobre esta temática tanto en un encuentro con la CCPC como en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

Y el Doctor Juan Brugge, profesor de las Cátedras de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba, habló sobre sistema unicameral y bicameral, tribunales de cuentas y consejo de la magistratura, en un análisis comparativo en el Derecho Público Provincial.

También se recibieron más de 250 propuestas, presentaciones y sugerencias desde diferentes ámbitos, para reformar temáticas y artículos de nuestra Constitución, lo que conformó un monumental trabajo de acercamiento a la sociedad y también un proceso de aprendizaje para los miembros de esta Comisión. Algunas opiniones, incluso, podrían hacer cambiar algunas ideas iniciales lanzadas por el Gobierno.

Es importante destacar que la CCPC no se quedó inmóvil en un miso lugar, sino que se trasladó permanente para acercarse a los diferentes sectores sociales: las Audiencias Públicas y encuentros se realizaron en varias locaciones, desde sedes de entidades hasta clubes y otros salones, y también se trasladó para interactuar con todos los sectores.

Las propuestas recibidas excedieron el marco de los temas puestos en debate por la gobernadora, en una demostración cabal de que en la sociedad catamarqueña existe la necesidad de la reforma parcial de la Constitución. Pero también quedó demostrado que hay entre nuestros ciudadanos, partidos políticos e instituciones gente muy valiosa, dispuesta a conceder sus saberes, su experiencia y su trabajo al fin colectivo de mejorar nuestra Carta Magna.

Como queda dicho, muchas presentaciones incluyeron opiniones sobre diferentes temáticas de nuestra Constitución y otras a una sola área. En semejante cúmulo de información y de propuestas recopiladas se perciben grandes consensos y grandes disidencias.

Pero ya es posible hacer algunos comentarios.

Desde el punto de vista de la política cotidiana, prácticamente no hubo rechazos a las intenciones de limitar la reelección indefinida (y varios sugirieron limitar también la reelección de otros cargos, como legisladores e intendentes), a delimitar los fueros parlamentarios, a darle certeza a la fecha electoral y a extender el período de sesiones ordinarias de la Legislatura. También hubo consenso acerca de incorporar el voto joven, optativo desde los 16 años como ocurre a nivel nacional.

En cuanto a los derechos y garantías constitucionales, hubo varias propuestas referidas a la libertad de cultos y a la separación de Iglesia y Estado. También en lo referido a las necesidades básicas para el desarrollo provincial, la protección del Ambiente, el empleo y la cuestión minera. Algunas de ellas tuvieron amplio consenso, como la creación de un Observatorio de Derechos Humanos o la defensa de los pueblos originarios.

Respecto de la organización del Estado, se escucharon voces sobre la creación de nuevos institutos como incorporar el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público de la Defensa y una Oficina Anticorrupción. Además de cuestiones relativas a la Carrera Administrativa, la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia, la reorganización del Poder Judicial y al Régimen Municipal.

Con la salvedad de que algunas opiniones y pedidos recibidos podrían ser resueltos por medio de ley y no necesariamente son materia constitucional, incluso algunas instituciones incluyeron propuestas en ese sentido para ser enviadas a la Legislatura.

Un ejemplo del profundo impacto que tuvo esta forma de participación de la ciudadanía en este proceso sobre la Reforma es el caso de los organismos de control. La gobernadora puso en debate cuál es la mejor forma de estructurar los mecanismos de control de las cuentas públicas, entre las opciones de si debía establecerse una Auditoría General de la Provincia y una Sindicatura, como ocurre a nivel nacional con la SIGEN y la AGN desde 1994, o si debería mantenerse el actual sistema de Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Provincia. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca (CPCE) se abocó al análisis. Se escucharon distintas voces acerca de este profundo debate, y se constituyó en Catamarca el secretariado permanente de los Tribunales de Cuentas, que agrupa a todos esos organismos del país. Hubo coincidencia entre los consultados en que el mejor de control es el realizado por el sistema de Tribunales de Cuentas, aunque obviamente hay que realizarle algunas modificaciones para mejorar ciertos aspectos como la celeridad de los procedimientos. En las audiencias, los consultados recordaron que en otras provincias no tuvieron oportunidad de opinar durante el proceso de reforma y rescataron este procedimiento instaurado en Catamarca.

La comisión podría recomendar, de acuerdo con estas opiniones, que el mejor sistema será continuar con el Tribunal de Cuentas, a diferencia de lo que estaba planteado al inicio del proceso.

Tal vez este ejemplo muestre cuál es la verdadera intención de este proceso: no es el Poder el que decide, desde arriba, las reformas, sino que se decidió escuchar a todos los sectores. Y frente a una propuesta originada en el Gobierno, como era la de la posible creación de la auditoría, la comisión percibe lo contrario después de escuchar a los actores.

En 1988, año de la última reforma constitucional, se realizó una consulta popular para conocer la opinión del pueblo. Este novedoso paso de consultas previas con diferentes instituciones de la sociedad podría ser completado con una consulta popular al conjunto del pueblo, de manera de extender estas consultas al conjunto de la población. Pero esa será una decisión política que excede a las atribuciones de esta Comisión.

Queremos destacar, finalmente, que los miembros de esta Comisión hemos trabajado con absoluta libertad, transparencia e independencia a lo largo de este proceso. Nos ponemos a disposición de todos los estamentos políticos y de los legisladores para cualquier tipo de consulta futura.

Con este informe y la recopilación de propuestas, podemos decir que el proceso de participación ciudadana ha dado sus primeros frutos.