Amelia Sesto de Leiva

Mediante un pronunciamiento titulado “La Justicia no puede ni debe alimentar el oportunismo y la falta de agenda política de la oposición”, la Mesa Directiva del Partido Intransigente rechazó los dichos de la miembro de la Corte de Justicia de Catamarca, Dra. Amelia Sesto de Leiva, a la vez que refutó los motivos de la marcha convocada para el próximo 18 de febrero por un grupo de fiscales, a la que se plegaron los principales referentes nacionales de la oposición.

Los aspectos centrales del documento emitido por el Partido Intransigente consideran lo siguiente: “La adhesión de la ministra de la Corte de Justicia de Catamarca, Amelia Sesto de Leiva, a la marcha que convocaron los fiscales porteños para el 18 de febrero, es en realidad una manifestación de reafirmación de una corporación (la judicial) que no quiere perder privilegios.

En sus dichos públicos, la jueza señaló que «la Corte no tiene por qué prohibir que los fiscales manifiesten su deseo de que nadie se entrometa en las decisiones del Poder Judicial». Sin embargo, no ha existido tal intromisión (ella misma reconoce no saberlo). Por tanto,  está claro que la marcha es un acto político en contra del Poder Ejecutivo Nacional.”

Además, la jueza Sesto de Leiva opinó que «no le llama la atención» que la Corte de Justicia de la Nación no haya emitido ningún tipo de comunicación. «Una manifestación pública sin saber lo que pasó sería muy imprudente», dijo. Precisamente,  la adhesión de la magistrada a la marcha configura una manifestación pública, por lo tanto, tal como ella misma dijo,  una imprudencia, considerando que aún no se sabe que pasó, no porque haya habido obstrucciones para llegar al esclarecimiento  de la muerte de Nisman,  sino porque ni siquiera se han cumplido los plazos requeridos para conocer los resultados de algunas de las pericias científicas que ordenó la fiscal actuante.

Es poco creíble que la jueza ignore que acciones como la marcha del 18 F están promovidas por las fuerzas opositoras y dirigidas a la desestabilización del gobierno.

Cabe decir que si se organiza una marcha  “a favor de la independencia del Poder Judicial”, tal como manifestó la jueza, no existiendo la menor prueba o indicio alguno de amenaza a esa independencia, la sola adhesión a esta marcha sin sentido representa claramente una injerencia del Poder Judicial sobre el Ejecutivo.

Dicho sea de paso, sería dable esperar que la jueza marchara para esclarecer los casos de corrupción y negociados cometidos durante los 20 años de gobierno del  FCyS  sobre los cuales no se ha notado prisa alguna por resolver.

Por otra parte, sería bueno que los fiscales expliquen por qué en la causa AMIA, luego de 21 años, los que tienen que hacer justicia, incluyendo a Nisman, hicieron poco y nada, o peor aún, contribuyeron al ocultamiento de pruebas; de hecho, varios de los fiscales convocantes están acusados de encubridores en la causa AMIA.

Si desean marchar como manifestación de su responsabilidad civil, hubiera sido muy significativo que participaran en las marchas de repudio al golpe de estado de 1976, o movilizarse para mejorar el sistema de justicia o para democratizar el acceso ciudadano al servicio de justicia. Por lo contrario, se están oponiendo a la modificación del Código Procesal Penal; se oponen a la nueva Ley de Inteligencia, no hacen más que oponerse a cuanta iniciativa surge por la democratización de la Justicia, lo cual demuestra que su intención es sostener  los viejos esquemas, las viejas estructuras y que nada cambie.”