El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Pablo Micheli advirtió sobre un posible paro nacional convocado para los primeros 15 días de marzo. «Si no hay respuestas a los despidos, si no se abre el Consejo del Salario Mínimo, si se insiste en intentar imponer un techo en la paritaria, entonces va a haber conflicto. Y si hay conflicto en la primera quincena de marzo, vamos a estar en la calle con una jornada nacional de lucha. Tal vez sea un paro nacional», anticipó.

Las centrales que impulsan la protesta son las dos CTA y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Según pudo confirmar Infobae, podrían sumarse partidos de izquierda como el Partido Obrero y el MST de Vilma Ripoll y Alejandro Bodart. La idea es concentrar en la Plaza de Mayo. No sería extraño que en las próximas horas se sumen organizaciones kirchneristas como La Cámpora y el movimiento Tupac Amaru.

Consultado por el anuncio del gobierno nacional sobre los cambios en la base imponible del impuesto a las ganancias, Micheli se mostró disconforme. «A simple vista es absolutamente insuficiente. Macri había prometido en campaña subir el mínimo no imponible (MNI) a $30.000 apenas asumía. Los $30.000 de hoy no son los mismos que los del 10 de diciembre».

A su entender, la suba debería estar por arriba de lo que pidieron Elisa Carrió y Sergio Massa. La diputada y líder de la Coalición Cívica presentó un proyecto donde elevaba el piso de Ganancias a $47.430. En cambio, el líder del Frente Renovador opinó que la base debería ser $60.000.

Micheli criticó también que el presidente Macri no haya convocado a ninguna de las dos CTA a Casa Rosada. «Es una situación preocupante la democracia argentina que no nos inviten. Si pensás distinto, te quedás afuera. Macri está haciendo lo mismo que Cristina. Es grave no reconocer la pluralidad sindical en la Argentina», consideró.

El dirigente cuestionó por último el flamante protocolo antipiquetes anunciado ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «La protesta social en la Argentina no se para con represión. Puede ser peligroso porque cada gobernador lo puede interpretar como quiera. Es inconstitucional porque ataca el derecho a la protesta. Lo vamos a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», cerró.

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