De acuerdo a un relevamiento de El Cronista, 13 provincias se anticipan al ajuste que vendrá lanzando planes de retiros voluntarios. En este orden de ideas, el medio rescató que Catamarca se encuentra dentro del lote que no inició con el proceso de ajuste de personal.
Sucede que en abril de este año la administración nacional abrió un proceso de retiros voluntarios con la intención de reducir la planta de empleados estatales y pocos meses después empezaron a hacerlo diferentes administraciones provinciales.
Así, desde inicios de este año, trece distritos abrieron retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para reducir el peso en la administración provincial y municipal.
Según los datos que dio a conocer el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, en la Argentina hay 3,2 millones de empleados públicos. De ese total, 750.000 son del Estado nacional y 200.000 de las universidades, el resto forma parte de las administraciones provinciales y municipales. Es decir, más de dos millones.
Cabe señalar que gran parte de este peso del sector público en las provincias tiene que ver con que son justamente éstas las que tienen a su cargo la prestación de los servicios de salud, educación y seguridad, por lo que además de personal administrativo se cuentan a maestros, médicos y enfermeros.
De acuerdo al relevamiento del matutino, además de Buenos Aires, están utilizando la herramienta Chaco, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, La Rioja, Santa Fe, Neuquén, Misiones, Jujuy, Entre Ríos y Santa Cruz.
Entre las que decidieron no ajustar en personal quedaron Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, La Pampa, San Juan, Formosa, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Corrientes y Catamarca.
Aunque cada distrito eligió el modelo y el número que iba a reducir, según el periódico, en todos los casos llegaron pedidos a Casa Rosada de cumplimiento del Pacto Fiscal. Es que hay un compromiso de la Nación de financiar este ajuste “con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales”.
Uno de los gobernadores que está llevando adelante el plan de achique aseguró a El Cronista que “hasta ahora no hay nada, no se giró un sólo peso ni se puso en marcha ningún plan”.
Una de las propuestas que se barajó al momento de firmar el acuerdo fue que el Estado nacional pague siete meses y 70% del salario de cada empleado que la provincia decida jubilar o incluir en un plan de retiro voluntario.
“Nos dicen que lo están analizando porque no quieren prometer lo que no puedan pagar, pero lo acordaron en un pacto que nosotros estamos cumplimento y ellos no”, se quejaron desde otra provincia más afín al gobierno.

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