“Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía global, hay que hacer algo ya”, dijo tiempo atrás la titular del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde. Se sabe, los tecnócratas de los organismos internacionales, sobre todo los que están ligados al oscuro mundo de las finanzas, no tienen filtros a la hora de diagnosticar los problemas que, según su particular perspectiva, tienen las cuentas públicas, y cuál puede ser la brutal solución que proponen.

Ningún dirigente político, por más que profese fidelidad al credo neoliberal, se atrevería a señalar como un grave problema para la humanidad que las personas viven cada vez más. Adviértase el uso de la palabra “demasiado” por parte de Lagarde. Para ella lo ideal es que se mueran antes, así los Estados no tienen que gastar tanto en jubilaciones y pensiones.

Lo que Lagarde dijo hace algún tiempo era, para la Argentina, una declaración más de una persona importante en el mundo de la economía internacional. Pero hoy, en vista de la dependencia que el país tiene del organismo, al que tuvo que recurrir por el fracaso de la política económica de Cambiemos, la reflexión suena a mandato.

De hecho, en la carta intención firmada con el FMI, las autoridades nacionales se comprometieron a evaluar en 2019 una reforma del sistema previsional. Una reforma a las que ambas partes caracterizaron como “muy necesaria”.

“En el próximo año, continuaremos trabajando conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos para identificar reformas duraderas y de alta calidad”, señala el texto firmado. Se añade que la reforma tiene el objetivo de fortalecer la “posición fiscal”.

De modo que es un hecho que el Gobierno promoverá la segunda etapa de la reforma previsional. La primera, como se sabe, consistió básicamente en un cambio en la fórmula de actualización de los haberes de jubilados y pensionados, lo que en la práctica implicó un recorte sustancial.

La nueva reforma apunta a formalizar la utilización de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para la liquidación de las jubilaciones, lo que significa que se usarán para gastos corrientes los recursos de un fondo que debería preservarse para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Otra propuesta que incluiría el futuro proyecto de reforma es bajar del 80 al 70 por ciento de la jubilación mínima la Prestación Universal para el Adulto Mayor que beneficia a las personas que en su vida activa sufrieron el desempleo, el trabajo no registrado y el trabajo no remunerado, por lo cual no pudieron completar aportes.

También el FMI postula un aumento de la edad jubilatoria de mujeres y hombres, como ya lo impuso en Grecia. Las mujeres, de prosperar la reforma, se jubilarían a los 65 años y los hombres a los 70.

Otra modificación que se impulsaría es la liquidación de los regímenes especiales, como el de los docentes y los científicos. Y la apuesta de máxima es la reprivatización del sistema para volver a un régimen de AFJP, que ya fue una mala experiencia en la Argentina.

El segundo tramo de la reforma previsional está pensado en línea con la preocupación de Lagarde. Pero el impacto negativo que tendrá entre los jubilados y pensionados y los trabajadores todavía en actividad permiten albergar legítimas dudas sobre su viabilidad política.