Los recursos que la Provincia destinó y piensa destinar al sostenimiento de las empresas estatales alcanzarán en 2019 un cifra superior a lo que se reclama por las reparaciones en el Estadio Bicentenario, obra emblemática de la gestión anterior y por la que este Gobierno inició dos procesos judiciales. Es que, si lo presupuestado para el año próximo se respeta y ejecuta sin modificaciones, AICAT, PRODUCAT, CAMYEN y otras empresas del Estado habrán consumido más de $357 millones del erario público.


Tal como se informó días pasados, la ley de Presupuesto 2019 establece que Agroindustrias Catamarca Sociedad del Estado (AICAT SE, brazo ejecutor de el Ministerio de Producción) tendrá un presupuesto superior a los $10 millones; y las fábricas PRODUCAT SAPEM, que pagan sueldos gracias al Ministerio de Obras Públicas, recibirán partidas por $124 millones.


Entre ambas, requerirán al menos de $134 millones para el año próximo, aunque en el FCS consideran que el número podría abultarse, ya que ocurrió en años anteriores que finalmente estas empresas ejecutan el doble de lo previsto.


Hasta noviembre, según un relevamiento propio de El Ancasti, ambas empresas, sumadas a Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN), llevaban recibidos 223 millones y medio de pesos desde que fueron creadas, en la mayoría de los casos para cubrir el pago de sueldos o simplemente desequilibrios financieros.


Es decir que, si el Gobierno no decide sobreejecutar partidas, solo estas tres empresas habrán consumido al cierre de 2019 unos $357,5 millones, sin considerar asistencias que hayan recibido otras empresas estatales como EC SAPEM, Aguas de Catamarca, Catamarca Radio y Televisión o COTALI; que además están exentas de pagar tributos provinciales.

Otro estadio
La cifra acumulada que recibirán las empresas supera en más de $100 millones a lo que el Estado reclamó a la empresa Capdevila por la construcción de un Estadio Bicentenario a nuevo, que fueron $256,9 millones e incluso es varias veces superior a lo que se reclama en caso de que la Justicia considere que el «Coloso de la loma» requiera solo de reparaciones.


En julio de este año, la jueza comercial Nº2, Cecilia del Carmen Delgado, declaró inadmisible el reclamo de Fiscalía de Estado por casi $257 millones en el pequeño concurso preventivo de la empresa constructora, en concepto de compensación por lo que costaría construir a nuevo el Estadio, pero le reconoció créditos por $43,9 millones al considerar que esa cifra se asemeja a la que el Estado reclama por daños y perjuicios en una causa paralela que tramita en instancia civil.


Es decir, con los $357 millones que el Estado destinó a estas empresas, se podría o haber construido nuevamente el Bicentenario (según los cálculos que oportunamente presentó el Ministerio de Obras Públicas) o se podrían haber reparado más de ocho veces las fallas estructurales.

Deficitarias
Las empresas del Estado no escapan a la crisis económica, pero han demostrado que difícilmente lleguen a ser autosustentables.
El caso emblemático es el de PRODUCAT, donde se emplea a más de 400 personas bajo un convenio con la Unión Obrera Metalúrgica que se cumple a medias, y que fue motivo de reclamos durante todo el primer semestre de 2018. En esta empresa, el volumen de venta de los muebles, aberturas y premoldeados no alcanza para pagar los sueldos ni los insumos, ya que en varios oportunidades Obras Públicas debió asistir con el material.


Solo PRODUCAT recibió hasta noviembre unos $108,9 millones y es la más asistida. AICAT es la segunda, con casi $64 millones. En este caso, la empresa se limita a ejecutar programas que establece el Ministerio de Producción y solo «cobra» por gastos

administrativos, ya que cuenta con un directorio y un empleado administrativo contable. Por intermedio de AICAT, Producción realiza compras o asiste a productores evitando cumplir algunos requisitos burocráticos que debería afrontar si lo hiciera el propio Ministerio.
Por su parte, CAMYEN recibió casi $51 millones para el pago de sueldos y hasta algunos beneficios para obtener créditos, lo que no le impidió terminar su último balance con un déficit superior a los $2 millones, reconocido por las autoridades, que lo atribuyeron a los cuestionamientos de la oposición por el accionar de la empresa. En este caso, en la Asamblea Legislativa de este año se anunció que ya no recibiría más asistencia del Estado.