Una paciente que iba a ser operada de una hernia (pero el médico se equivocó y le extirpó la vesícula), deberá ser indemnizada con unos 525 mil pesos por el hospital Italiano y la obra social OSEP.

A R N., una paciente que tenía cobertura médica de la Obra Social de Empleados Públicos, fue internada el 2 de setiembre de 2013, en el hospital Italiano, por orden del doctor Jorge Nefa, quien la iba a operar de hernia inguinal izquierda.

Previamente, ante el intenso dolor abdominal que incluso se irradiaba a la pierna izquierda, le habían realizado distintos estudios que permitieron llegar a un diagnóstico.

La idea era operar la hernia y aplicarle una malla de contención que la paciente compró y llevó al hospital. 

Con este cuadro fue ingresada al quirófano y se le hizo una intervención laparoscópica exitosa, ya que al día siguiente la mandaron a su casa.

Pero la paciente siguió con la  misma sintomatología: los dolores propios de una hernia inguinal. Por eso, dos semanas después volvió al hospital Italiano para que le quitaran los puntos y, de paso, solicitar el informe anatomopatológico que se había realizado tras la operación.

El médico que la atendió, le dijo que, seguramente, el persistente dolor no tenía relación con la intervención quirúrgica sino que era un efecto de la anestesia o tal vez un exceso en la alimentación, indicándole que no volviera al hospital.

Un sorpresivo estudio

Lo cierto es que a un mes de la operación, la mujer tuvo en sus manos el estudio patológico, y allí se dio cuenta de que le habían extirpado la vesícula biliar, en lugar de la hernia inguinal izquierda. 

Con esta novedad fue a los consultorios de la OSEP de Maipú, donde una médica le ordenó que se hiciera, de forma urgente, una radiografía para ver si se le había roto la malla y producido una eventración.

Lo cierto es que una semana después, la ecografía mostró claramente que nunca había sido intervenida por la hernia sino que se había extraído la vesícula. 

Del médico al abogado

Ante la situación, la mujer consultó a un abogado e inició una demanda civil contra OSEP y el hospital Italiano, al considerar que “fue sometida negligentemente a la extracción de un órgano normal para su edad y arriesgada innecesariamente a una anestesia total”, lo que le provocó “un daño resarcible pues continúa con el mismo problema de dolor en el abdomen y pierna izquierda, con el mismo riesgo y sin posibilidades de efectuar el más mínimo esfuerzo por lo que estima que padece una incapacidad del 70%”.

Por eso solicitó una indemnización discriminada de la siguiente manera: daño emergente por extracción de la vesícula biliar, lucro cesante y pérdida de chance, la cantidad de pesos doscientos mil ($ 200.000); por gastos médicos, la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000) y por daño moral, pesos trescientos mil ($ 300.000).

El médico se defendió mal

El médico se defendió diciendo que si bien la internaron por la hernia, el cuadro exigió “la exploración intra abdominal con laparoscópico, que dio por resultado el hallazgo de un proceso infeccioso e inflamatorio de la vesícula” y por eso tomó la decisión de extraer el órgano, algo que calificó de “oportuno y acertado para evitar un grave riesgo a la calidad de vida de la paciente”.

Pero de nada sirvió esta versión, porque ni en la historia clínica ni las prestaciones de OSEP se habla de la vesícula y los estudios sobre el órgano extraído “no muestran alteraciones que justificaran su extirpación”. 

Incluso un perito médico indicó que “la cirugía fue equivocada, se efectuó una colecistectomía en vez de la hernioplastia. Se trató de una equivocación que no alcanzo a comprender”.

Un daño moral grave

La Jueza María Herrera, del Tribunal de Gestión Asociada 1, consideró que la mujer debe ser indemnizada con 410 mil pesos, más intereses, lo que hace un total de 530 mil pesos.

El grueso de la suma -300 mil pesos-, corresponden al  daño moral, porque “se produjo un daño grave ya que además de ataque a su integridad física -la pérdida de un órgano- se la sometió a una operación innecesaria”.

“Es imaginable el desagrado que debió sufrir la actora al comprobar que no fue operada conforme lo convenido, ni aliviada de las molestias que habían motivado las consultas y el sometimiento a todos los estudios pre-quirúrgicos, dejándola en una incertidumbre que en realidad nunca debió soportar”, afirmó la magistrada.

Porque la operación que se debía hacer era la de hernia y en ningún caso “seccionar y extraer la vesícula, que es la que se llevó finalmente a cabo. Es decir, se produjo un cambio de cirugía en quirófano, no solamente injustificado según la prueba aportada sino, también, sin el consentimiento previo de la paciente o familiar responsable”.

Además, la jueza aclara que el daño no fue la consecuencia de la intervención que no se hizo sino “el daño que resulta de la que sí se llevó a cabo con la que no sólo no logró mejorar sus dolencias, sino que pasó por un proceso quirúrgico sin ningún beneficio para su salud”.

Fuente Los Andes