Juliana Awada, empresaria y esposa del presidente Mauricio Macri, fue nuevamente denunciada  por explotación laboral en talleres textiles clandestinos. La ONG La Alameda presentó un video realizado en 2012 en el que se muestran, a través de una cámara oculta, las instalaciones de una sala en la que trece personas eran condenadas a condiciones de hacinamiento y trabajo paupérrimas. El taller, ubicado en el barrio de Mataderos, produce para a la firma de indumentaria para niños Cheeky, que pertenece a la primera dama. Los obreros del lugar, según puede verse en la filmación, realizan una jornada de trabajo de 15 horas diarias con una remuneración mensual de 1800 pesos. El video muestra que el taller estaba “equipado” en condiciones precarias con colchones y camas para que los trabajadores del lugar puedan pasar la noche en menos de 5 metros cuadrados, todos juntos. El establecimiento, explica La Alameda, cuenta con una red eléctrica precaria y no cumple las normas para evitar incendios. A su vez, algunos hijos de los obreros también viven y son explotados en el lugar. No es la primera denuncia de este estilo que cae sobre Juliana Awada. Ya en el año 2007 había recibido acusaciones por parte de la Defensoría del Pueblo y el gobierno de la Ciudad. En aquel entonces, el actual ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, sobreseyó a la esposa del presidente. En 2011, a su vez, la justicia decidió no condenar a los hermanos Awada por la existencia de un taller clandestino en la calle Pola al 1900. En ese momento, Daniel Awada declaró que “no es delito” contratar talleres clandestinos.  De esta manera, el argumento siempre es el mismo: perdonar a la empresa de ropa con la excusa de que le paga a “talleres independientes” por la realización de su trabajo. La tercerización permite que la patronal de la indumentaria se lave las manos. La producción clandestina textil juega un rol fundamental en la economía, cada vez más acicateada por la crisis capitalista. Los talleres de este tipo se usan para bajar el costo que los empresarios pagan por la mano de obra.  Estos talleres cuentan con una fuerte presencia de trabajadores extranjeros. No sorprende, entonces, que el presidente del Senado boliviano le diga al gobierno que “antes de pensar en sus muros, piensen en la economía”. Tampoco es casual, así, que las denuncias de este tipo lleguen adentro de la quinta de Olivos.

Fuente Prensa Obrera