La Justicia evalúa entre 10 y 12 peticiones de prisión domiciliaria de internos del Servicio Penitenciario provincial como consecuencia de la pandemia. Por estos momentos se analiza cada caso para decidir si se hace lugar a o se rechazan las solicitudes.

Elena Berrondo, la jueza de Ejecución Penal Nº2, explicó en Radio Valle Viejo que “la población carcelaria de la Unidad de Varones, que cuenta con aproximadamente 494 internos, entre condenados y procesados y los pedidos se han solicitado en relación a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional en virtud del coronavirus. Fueron solicitadas por 10 o 12 internos”.

A su vez, Berrondo especificó que “la prisión domiciliaria está contemplada en la Ley de Ejecución Penal, que establece cuáles son los supuestos de  procedencias, esto es, cuando se presentan problemas excepcionales o especiales de salud, la edad de los  internos, razones humanitarias, por ejemplo, una mujer que esté cursando un embarazo o tenga hijos menores de cinco años o con discapacidad  a su cargo”.

De todas formas, la magistrada explicó que “el instituto de la prisión domiciliaria no es de concesión automática, es decir que requiere de un trámite  y el juez la podrá otorgar o no una vez que se analice el caso concreto, todos sus elementos y pida informes, si lo requiere. Cabe aclarar que no es un cese del cumplimiento de la pena, es una sustitución del encierro carcelario por el encierro en el domicilio del interno y se da en situaciones excepcionales”, remarcó, añadiendo que “actualmente las solicitudes se  están analizando, una vez que se cuente con toda la información que se requiera, se correrá vista al fiscal y luego se resolverá”.