Esta semana 59 países firmaron una declaración conjunta para la “protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos” (eufemismo que encubre la anticoncepción y el aborto) y la promoción de “la sensibilidad de género” como respuesta a la pandemia de coronavirus.

“A medida que nuestra cadena de suministro nacional e internacional se ve afectada por esta pandemia, nos comprometemos a proporcionar a todas las mujeres y niñas en edad reproductiva productos de salud reproductiva. Y pedimos a los gobiernos de todo el mundo que garanticen el acceso total y sin trabas a todos los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y niñas”, dice la declaración emitida el 6 de mayo y que puede encontrarse en varios sitios web gubernamentales como el del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, su homólogo en Canadá, el Global Affairs Canada, entre otros.

El texto, que fue firmado por 39 ministros de relaciones exteriores en nombre del “pueblo y gobiernos de 59 naciones”, se titula “Joint statement on Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights and Promoting Gender-responsiveness in the COVID-19 crisis”.

Entre los países latinoamericanos que firmaron el documento se encuentran Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Perú. Coincidentemente en este último país, la semana pasada, varios líderes provida y médicos denunciaron que el ministro de Salud, Víctor Zamora, aprovechó la crisis del coronavirus para impulsar el aborto a través de la directiva sanitaria 094-MINSA/2020/DGIESP, con la que se permite el aborto cuando la madre tiene coronavirus.

La declaración conjunta, además, señala que ante la “amenaza sin precedentes” de la pandemia de coronavirus, que se originó en Wuhan, China, se “requiere solidaridad y cooperación entre todos los gobiernos, científicos, actores de la sociedad civil y el sector privado”.

Por tanto “la financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos debe seguir siendo una prioridad para evitar un aumento de la mortalidad materna y neonatal, una mayor necesidad insatisfecha de anticoncepción y un mayor número de abortos inseguros e infecciones de transmisión sexual”, prosigue.

Luego, se vuelve a poner énfasis en que “las necesidades de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de apoyo psicosocial y la protección contra la violencia de género, deben priorizarse para garantizar la continuidad”.

Al final de la declaración, se informa que los países firmantes acogen “con beneplácito los esfuerzos multilaterales» de las Naciones Unidas (ONU), incluidos el UNFPA y ONU Mujeres, la OMS, el Banco Mundial y el FMI, «hacia una respuesta coherente y global al COVID-19”.

Sobre el punto anterior, recientemente el Centro para la Familia y los Derechos Humanos (C-Fam), un grupo de defensa con sede en los Estados Unidos, publicó un artículo en el que denunció dos proyectos de resolución de la ONU sobre COVID-19 y mujeres.

“Ambas resoluciones se basan en un informe de política del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, publicado justo antes de Pascua sobre ‘El impacto de COVID-19 en las mujeres’. El informe busca designar una lista de políticas prioritarias para proteger a las mujeres de la pandemia, entre ellas ‘servicios de salud sexual y reproductiva’”, denunció C-Fam.

El grupo de defensa subrayó que “el término ‘salud sexual y reproductiva’ se usa ampliamente para agrupar el aborto junto con políticas de salud de planificación materna y salud materna más ampliamente aceptadas”; e informó que el Gobierno de Estados Unidos “ha encabezado los esfuerzos para eliminar el término en la política de la ONU y utilizar una terminología menos ambigua”.

C-Fam también precisa que desde antes de que el COVID-19 fuera declarado una pandemia, “las agencias de la ONU promovieron el aborto como un servicio esencial que no debía ser interrumpido en las respuestas de salud”. 

“Se prestó aún más atención y recursos a la ‘salud sexual y reproductiva’ en el llamado del Secretario General de la ONU al sistema de la ONU para la pandemia, que también hizo que el aborto formara parte de la respuesta de la ONU al incorporar un manual que lo califica como un derecho humano”, añade.

Finalmente, C-Fam resaltó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), un panel de derechos humanos de la ONU, “también emitió su propia orientación sobre COVID-19, la cual exige a los países proporcionar “acceso confidencial a información sobre salud sexual y reproductiva como formas modernas de anticoncepción, servicios de aborto seguro y servicios post-aborto” durante la pandemia.