El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, envió este martes a los tribunales federales de Comodoro Py la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri contra los familiares de víctimas del submarino ARA San Juan.

El expediente pasó a manos del magistrado Julián Ercolini, luego de que sus colegas María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo se excusaran de intervenir.

La causa por el supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino se inició por una denuncia formulada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

La actual jefa de los espías presentó ante la Justicia de Mar del Plata elementos que según ella permitían inferir que durante la administración de Juntos por el Cambio se llevó a cabo el mencionado espionaje ilegal.

Bava resolvió desprenderse del expediente antes de que la Cámara Federal de Mar del Plata se pronunciara ante un pedido en ese sentido que había planteado la defensa de Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse.

ARA San Juan: las víctimas del presunto espionaje ilegal rechazaron la decisión del juez Bava

Sin embargo, la decisión de Bava generó el rechazo de las víctimas del presunto espionaje ilegal. Su abogada Valeria Carreras dijo que “apelaremos la medida por considerar que el denominado presunto espionaje ilegal debe tramitar junto a la causa principal, por ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia”.

De esta manera, la causa podría terminar tramitando en el mismo juzgado en el que se investiga el hundimiento del submarino y no en el que tiene a su cargo las acusaciones por espionaje ilegal durante el gobierno de JxC.

El juez Martín Bava también envió otra causa a Comodoro Py

Bava además resolvió enviar a los tribunales federales de Retiro otra de las causas en las que están imputados, entre otros, los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Se trata de la causa por las “Bases AMBA”, el desembarco de la AFI en territorio bonaerense durante la gobernación de María Eugenia Vidal, con la declamada intención de combatir al crimen organizado.

Al desprenderse del expediente, el magistrado de Dolores resolvió lo siguiente: “Considerando el fallo de Casación del 22 de diciembre del 2021, lo solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, y la necesidad de que todos estos procesos tramiten en forma conjunta, lo cual lo sostuve en diferentes oportunidades, y habiendo sido definido el Juzgado que deberá intervenir en las actuaciones conexas a la presente, entiendo que corresponde remitir las presentes actuaciones (en formato digital) a aquel Juzgado para que continúe entendiendo en la presente investigación”.

Bava comunicó la decisión a la Cámara Federal de Mar del Plata y pidió al juzgado federal a cargo de Ercolini que “a la mayor brevedad posible coordine por Secretaría la recepción de los expedientes en soporte físico y sus efectos”.

Fuente La Unión Digital

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