La cadena de hechos que llegó hasta la difusión de un video en las redes sociales tuvo sus consecuencias. En menos de 24 horas, el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, tomó la decisión de remover a toda la cúpula policial en la localidad de Saujil. Sucede que en la dependencia policial de ese distrito se desempeñaba como sargento ayudante Diego Gastón Ortega (43), quien atacó a balazos a su expareja y a su exhijastra, y que tras su detención en las imágenes que circularon se lo vio sentado compartiendo mates con sus colegas de la Comisaría.

La directiva de sancionar esa actitud fue emitida durante una reunión ayer por la tarde, entre el titular de la cartera de Seguridad con el jefe de la Policía, Ángel Agüero, quien mencionó que “estos policías deberán responder por su actitud corporativista, protegiendo y dando prerrogativas a su camarada que ha cometido tan grave e infame hecho, como el de atentar contra la vida de dos mujeres utilizando la propia arma que le otorgó la institución con el fin de defender y proteger los derechos de los ciudadanos”.

En esa reunión, Aguirre y Agüero analizaron los últimos hechos vinculados a Ortega, detenido por el grave hecho de violencia familiar y de género. Sin dudarlo, Aguirre ordenó que de forma inmediata se remueva al personal que estaba a cargo de la dependencia de aquella jurisdicción.

No solo fue esa medida. El ministro decidió que se pase a disponibilidad al oficial superior a cargo de la jefatura de zona, al personal a cargo de la comisaría, los oficiales de servicios y el jefe de guardia junto al inicio de sumario administrativo a todo el personal que estuvo trabajando ese día.

Sin vacilaciones, Aguirre calificó de inaceptable e inconcebible lo sucedido en la Comisaría de la localidad pomanista de Saujil. “Es inaceptable e inconcebible que ante uno de los hechos más aberrantes que se haya vivido en la historia de Saujil, las autoridades a cargo de la dependencia no le hayan dado tratamiento legal correspondiente, incumpliendo los procedimientos previstos para la custodia de los detenidos”, dijo el ministro.

Además, explicó que las medidas sancionatorias “son necesarias, no solo por la gravedad del hecho que no puede quedar en la nada, sino también para resguardar el prestigio de la institución policial y de los miles de policías que hacen bien las cosas y que salen todos los días a dar lo mejor de sí, para cuidar a los catamarqueños y catamarqueñas, de los cuales nos sentimos orgullosos”.

A la vez, remarcó que el criterio del Ministerio a su cargo es “que este tipo de conductas no pueden ser toleradas más”. 
Aparte, Aguirre se solidarizó con las víctimas y familia de la madre e hija que el jueves a la noche resultaron gravemente heridas. “Fue un duro golpe que nos afecta a todos como parte de una sociedad que ya no tolera más que sigan sucediendo estos hechos”, indicó para acotar que “la violencia de género es una verdadera violación a los derechos humanos y que todas las áreas y poderes del Estado deben intervenir a partir de la implementación de políticas públicas para erradicarla”.

En esta línea, comentó que el Ministerio viene realizando un arduo trabajo “hacia adentro de las fuerzas de seguridad para desterrar este flagelo que afecta a toda la sociedad”. También ilustró algunas de las acciones que se llevan adelante, como el hecho de que por primera vez hubo sentencias disciplinarias con perspectiva de género, que además de la propia sanción, implica la obligatoriedad de hacer terapia psicológica y capacitarse en perspectiva de género.

“Capacitamos en ley Micaela a 2300 efectivos, se perfeccionó el formulario judicial para la toma de denuncia a víctimas de violencia de género e intrafamiliar en el interior. Se estableció como requisito obligatorio para poder ascender en la carrera policial la capacitación en perspectiva de género y se creó el programa Detección de Señales Tempranas de las violencias como dispositivo de contención y asesoramiento para el  personal que voluntariamente decide pedir ayuda”, continuó. “No vamos a cesar en la profundización de estas políticas”, subrayó. 

Por otra parte, en ese encuentro entre el ministro y el jefe de Policía se dispuso que a partir de este año sea obligatorio la aprobación del examen psicológico para los ascensos al grado inmediato superior de todas las jerarquías, medidas que se dejaron de realizar en el año 2012. El objetivo es detectar patrones de violencia que puedan afectar la actividad de los numerarios y su posterior tratamiento.

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