La Ley de Presupuesto es el mecanismo básico para la asignación de recursos a los gastos a ejecutar por la Administración Pública Provincial No Financiera en cada ejercicio. Este proyecto tuvo en cuenta las pautas establecidas por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno de las leyes 25.917, 27.428 y 27.467.

Tomando como referencia el marco fiscal elaborado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el proyecto considera un crecimiento del nivel de actividad de 2,7% y una variación de precios del 69,5%.

La proyección de gasto total -gastos corrientes y de capital- se fija en $1.027 miles de millones, lo que implica una variación de 127% respecto del gasto fijado en la Ley de Presupuesto 2023. Este crecimiento del gasto total entre el presupuesto 2023 y el proyecto para el 2024 es menor al nivel de inflación para el mismo periodo.

A su vez, el déficit del presupuesto proyectado se explica por el financiamiento de obra pública. Se prevé la autorización de endeudamiento en el ejercicio por la suma de hasta $36 mil millones para financiar la ejecución de estos proyectos y/o programas sociales y/o económicos y/o de inversión pública en actual desarrollo o el inicio de obras esenciales y altamente estratégicas para la provincia, entre las que se destacan en infraestructura vial la Cuesta de Zapata, Ruta N°1, Ruta N°33, Ruta N°4 y pavimentación en Laguna Blanca; en infraestructura en salud el Hospital de Recreo, el Hospital de El Alto, el Hospital de San José; y bajo el programa Polideportivos en Acción el Polideportivo San José, el Polideportivo Valle Chico y el Polideportivo Chumbicha.

Se fija el Presupuesto de las cámaras legislativas para el período 2024 en $32.856 millones y el Presupuesto del Poder Judicial para el período 2024 en $68.842 millones. En este punto, se destaca que se incluyó el proyecto de presupuesto original enviado por el Poder Judicial que fijaba montos por encima de la pauta prevista por el marco macro fiscal.

Dentro del contexto actual de readecuación de los principales criterios nacionales a implementarse a partir del 10 de diciembre, el proyecto se formuló como lo establecen las normas vigentes y sosteniendo las principales directrices de gestión provincial, intentando asegurar la continuidad de las políticas instituidas, la salud, la educación y la seguridad.

Artículo anteriorFiambalá, Transitabilidad Segura
Artículo siguienteMilei descartó la eliminación de la coparticipación: «Tiene que pasar por el Senado por unanimidad»